Objetivo y ámbito del proyecto

El proyecto tiene como finalidad principal establecer criterios claros y proporcionales para la fijación de las tarifas cobradas por la expedición de tarjetas y matrículas profesionales, así como para la inscripción en los registros profesionales. Se dirige al ámbito social y económico, buscando aliviar la carga financiera que enfrentan los profesionales recién graduados en Colombia. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de radicación y trámite inicial en la Cámara de Representantes, conforme a lo previsto en la Ley 5ª de 1992, y seguirá su proceso legislativo con debates en comisión y plenaria.

Contexto y problemática

En Colombia existen alrededor de 60 profesiones reglamentadas que requieren para su ejercicio la expedición de una tarjeta o matrícula profesional. Sin embargo, no existe un criterio unificado para la tasación de los costos de estos trámites, lo que genera disparidades significativas entre diferentes profesiones. Por ejemplo, mientras que para abogados la tarifa se ha mantenido en aproximadamente $50,000 pesos, arquitectos deben pagar tarifas que superan el millón de pesos. Esta desigualdad representa una barrera para el acceso al empleo, especialmente para jóvenes profesionales que ya enfrentan costos elevados en matrículas y créditos educativos. La falta de un marco legal que regule estas tarifas de forma equitativa ha motivado la presentación de esta iniciativa.

Contenido clave del proyecto

Entre sus principales disposiciones, el proyecto propone:

Clasificar a los colegios y consejos profesionales en quintiles según el número de graduados reportados anualmente por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).
Fijar topes máximos para la tarifa de expedición de tarjetas y matrículas profesionales, diferenciados por quintil: hasta diez (10) UVT para los colegios con menor número de graduados, ocho (8) UVT para los intermedios, y seis (6) UVT para los de mayor número de graduados.
Exonerar del pago a ciertos grupos vulnerables, incluyendo víctimas del conflicto armado, madres comunitarias, adultos mayores, jóvenes rurales, y comunidades étnicas como las NARP, indígenas y Rom.
Establecer un plazo de un año para que los colegios y consejos profesionales adapten sus tarifas a los nuevos parámetros.
Continuar con la regulación específica para sectores como el talento humano en salud y la profesión de abogado, según normas vigentes.

Impacto y debate

El proyecto busca generar un sistema tarifario más justo y transparente que permita a los profesionales acceder a su ejercicio profesional sin cargas excesivas, fomentando así la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral. Desde el punto de vista fiscal, se ha realizado un análisis preliminar que indica posibles reducciones en las tarifas para profesiones con alto número de graduados, lo que podría implicar una disminución en los ingresos provenientes de estos cobros, pero con beneficios sociales evidentes. Las posturas a favor resaltan la necesidad de unificar criterios para evitar tarifas arbitrarias y facilitar el acceso al mercado laboral. Argumentan que la propuesta se ajusta a la jurisprudencia constitucional que regula la fijación de tasas para servicios públicos y protege el derecho a la libre elección de profesión. En contra, algunos sectores podrían señalar posibles impactos financieros en los colegios y consejos profesionales, que deben sufragar sus gastos de funcionamiento con estos recursos. También se discute el equilibrio entre la recuperación de costos y la garantía de acceso equitativo.

Comparación con legislaciones similares

Aunque el proyecto no realiza una comparación explícita con legislaciones de otros países, su enfoque en la regulación tarifaria basada en criterios objetivos y proporcionales es coherente con prácticas internacionales de regulación de tasas profesionales. La utilización de indicadores como el número de graduados para fijar tarifas es una metodología que busca la equidad y eficiencia en la gestión pública. --- Este proyecto de ley representa un avance significativo en la regulación de los costos asociados al ejercicio profesional en Colombia, buscando armonizar la protección constitucional de los derechos laborales con la sostenibilidad financiera de los colegios y consejos profesionales. Su estudio y discusión en el Congreso serán determinantes para su eventual adopción y vigencia, permitiendo que más profesionales accedan a su ejercicio con condiciones justas y equitativas.

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Proyecto de Ley de la Cámara establece parámetros para el cobro de expedición de tarjetas y matrículas profesionales

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