Objetivo y Ámbito del Proyecto

El Proyecto de Ley 236 de 2024 Cámara tiene como propósito principal mejorar la calidad y eficiencia en el proceso de reconocimiento de invalidez y discapacidad dentro del Sistema General de Riesgos Laborales y la seguridad social integral. Se propone establecer parámetros técnicos y administrativos para la conformación y selección de las juntas regionales y nacional de calificación, y actualizar el manual único para evaluar el grado de discapacidad, su origen y fecha de estructuración. Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite en la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, habiendo superado el primer debate y en proceso de discusión para el segundo debate, con participación activa de actores gubernamentales, gremiales y de la sociedad civil.

Contexto y Problemáticas que Busca Solucionar

La iniciativa surge frente a las problemáticas identificadas en la atención y calificación de casos de discapacidad laboral y común en Colombia, donde los procesos suelen ser lentos, con represamientos de hasta varios años, generando perjuicios para los trabajadores afectados. Además, se evidencia la necesidad de modernizar y profesionalizar a los miembros de las juntas, mejorar la transparencia y garantizar el debido proceso, así como adaptar la terminología y criterios técnicos a estándares internacionales, especialmente en cumplimiento con tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la legislación nacional. El proyecto también responde a la preocupación por la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, promoviendo un enfoque de prevención y manejo integral que facilite la rehabilitación y el retorno al trabajo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.

Contenido Clave del Proyecto de Ley

Entre las disposiciones más relevantes destacan:

• Conformación y selección de miembros: Se establece que las juntas regionales y la nacional serán organismos adscritos al Ministerio de Trabajo, con personería jurídica de derecho privado y autonomía técnica. Cada junta tendrá salas interdisciplinarias compuestas por médicos especializados, psicólogos o terapeutas, y abogados con especialización en derecho laboral o seguridad social, seleccionados mediante concurso público de méritos.
• Actualización del Manual Único: El manual para la calificación del grado de discapacidad y origen será actualizado en un plazo máximo de un año y revisado cada cuatro años, garantizando la participación de centrales obreras, gremios médicos, academia y otros actores relevantes.
• Terminología: Se sustituye el término “invalidez” por “discapacidad severa” para alinearse con un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
• Procedimientos y tiempos: Se regulan los plazos para la calificación en primera oportunidad, recursos de apelación, y se establecen medidas para evitar represamientos, incluyendo la creación de salas adicionales según demanda.
• Responsabilidades y sanciones: Se estipula la responsabilidad solidaria de las entidades de seguridad social y miembros de las juntas por dictámenes que causen perjuicios, y se prevén sanciones por incumplimiento de plazos.
• Uso de tecnología: Se promueve la eliminación progresiva del expediente físico y la implementación de sistemas digitales y teletrabajo, privilegiando la valoración presencial salvo casos excepcionales autorizados por el paciente.
• Enfoque en la prevención y rehabilitación: Se obliga a las entidades prestadoras y pagadoras a priorizar un enfoque interdisciplinario para la prevención de discapacidad y el retorno al trabajo.
• Distribución territorial: Se definen las sedes y jurisdicciones de las juntas regionales, con especial atención a la cobertura en zonas con dificultades geográficas.

Debate y Posturas de Actores Involucrados

En la audiencia pública y debates legislativos participaron representantes del Ministerio de Trabajo, expertos en salud pública, médicos laborales, asociaciones de juntas, centrales sindicales, colectivos de trabajadores y usuarios.

• Posturas a favor: Coinciden en la necesidad de modernizar las juntas mediante concursos de méritos, reducción de tiempos, y la inclusión de abogados para garantizar el debido proceso. Destacan el cambio de terminología para evitar estigmatizaciones y la importancia de un enfoque interdisciplinario y técnico actualizado.
• Observaciones y críticas: Algunos actores señalan que el proyecto podría beneficiar principalmente a los actuales miembros de las juntas, dado que establece requisitos de experiencia muy altos que limitarían la participación de nuevos profesionales. Se cuestiona la inclusión de teleconsultas por dificultades de acceso a tecnología en poblaciones vulnerables. También se advierte sobre la posible confusión terminológica entre discapacidad e invalidez y la necesidad de mayor claridad para evitar barreras administrativas.
• Demandas sociales: Usuarios y colectivos resaltan experiencias de trato indigno y lentitud en los procesos, solicitando mayor protección de los derechos de los trabajadores y mejor atención en las juntas, incluyendo soporte psicológico y respeto a la participación activa de los afectados.

Comparación con Legislaciones Similares

Aunque el proyecto se fundamenta en tratados internacionales y estándares de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, se destaca la particularidad del sistema colombiano de seguridad social y su modelo de juntas interdisciplinarias para calificación. La propuesta busca actualizar y armonizar la legislación interna con estas referencias internacionales, evitando la discrecionalidad y promoviendo la transparencia y celeridad propias de sistemas más avanzados en la región.

Conclusiones Provisionales

El Proyecto de Ley 236 de 2024 Cámara representa una reforma integral orientada a fortalecer la administración de la calificación de discapacidad en Colombia, con énfasis en la inclusión laboral, respeto a los derechos humanos y eficiencia administrativa. Su desarrollo en el Congreso continúa con la revisión de observaciones y la búsqueda de consensos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y optimizar el funcionamiento de las juntas interdisciplinarias que certifican estos estados. Este proyecto aún se encuentra en trámite legislativo, por lo que sus disposiciones no tienen carácter vinculante hasta su eventual aprobación y promulgación. De ser aprobado, se espera que contribuya significativamente a modernizar el sistema, garantizar mayor justicia y protección a los derechos de los trabajadores con discapacidad, y fortalecer la política pública en materia de discapacidad laboral en Colombia.