Entidad emisora, número y fecha de la resolución
La Resolución 000313 de 2025, emitida el 16 de septiembre de 2025 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deroga la Resolución 039 de 2024. La derogatoria fue publicada en el Diario Oficial No. 53.245 el mismo día.
Tema principal y destinatarios
El tema central de la resolución es la derogatoria de las instrucciones sectoriales establecidas para la garantía urgente y temprana de derechos en procesos de restitución de tierras y derechos territoriales. Estas instrucciones estaban dirigidas a poseedores y explotadores de baldíos retornados, comunidades étnicas efectivamente retornadas y personas no declaradas como segundos ocupantes en los procesos de restitución. El grupo destinatario incluye comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas, raizales, palenqueras y demás poblaciones vulnerables relacionadas con la reforma agraria y el desarrollo rural.
Objetivo y finalidad de la resolución
El objetivo de la resolución es derogar la Resolución 039 de 2024, debido a que la materia ya está regulada mediante decretos y normativas más recientes y específicas. Así, se busca evitar duplicidades y contradicciones normativas, y fortalecer la aplicación coherente de las políticas públicas en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
Decisiones y regulaciones clave
La decisión principal es la derogatoria total de la Resolución 039 de 2024. Esta última establecía instrucciones para garantizar derechos en procesos de restitución de tierras, incluyendo acceso a proyectos productivos y atención a distintos beneficiarios. No obstante, con la expedición de decretos como el 797 de 2025, que adiciona y modifica el Decreto 1071 de 2015, y otros instrumentos legales, se cuenta con un marco más completo y actualizado.
Entre las regulaciones relevantes que sustituyen la anterior resolución se destacan:
- El programa especial de dotación de tierras para víctimas y otros beneficiarios en procesos de restitución, regulado en el artículo 2.14.6.10.3 del Decreto 797 de 2025.
- La definición de beneficiarios y criterios para la provisión de inmuebles a cargo de fondos especializados.
- Normas para la promoción y ejecución de proyectos productivos con enfoque territorial y diferencial, reguladas en varios decretos y ejecutadas por entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
- La delegación de funciones de la Agencia Nacional de Tierras a otros organismos públicos para asegurar una mejor ejecución de sus atribuciones.
Base legal y modificaciones normativas
La resolución se fundamenta en la Constitución Política de 1991, especialmente en el artículo 208, la Ley 489 de 1998, el Decreto 1985 de 2013, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 160 de 1994 y sus modificaciones, así como en los decretos 1406 de 2023, 797 de 2025, 1623 de 2023 y 1322 de 2024, entre otros. La derogación de la Resolución 039 de 2024 se justifica porque estas normas superiores ya regulan con mayor detalle y actualidad los procesos y programas relacionados con la restitución de tierras y la reforma agraria.
Plazos y vigencia
La derogatoria entra en vigencia a partir de la fecha de publicación de la resolución, es decir, el 16 de septiembre de 2025.
Impacto potencial
La derogatoria de la Resolución 039 de 2024 implica una consolidación normativa que unifica y actualiza las directrices para la restitución de tierras y la garantía de derechos territoriales. Esto puede facilitar la gestión administrativa, evitar conflictos normativos y promover una mejor articulación entre entidades encargadas de la reforma agraria y el desarrollo rural. Además, refuerza el enfoque integral y diferencial para poblaciones vulnerables, en línea con los compromisos del Estado en materia de paz y equidad territorial.
En definitiva, la Resolución 000313 de 2025 refleja un paso hacia la modernización y coherencia del marco jurídico en materia agraria, buscando optimizar la protección efectiva de derechos y la implementación de políticas públicas en este ámbito estratégico para Colombia. Esta actualización normativa contribuirá a fortalecer el desarrollo rural sostenible y la justicia social en las zonas afectadas por el conflicto y la desigualdad histórica en el acceso a la tierra.
