Contexto y tribunal competente

El 4 de septiembre de 2025, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su Sala Especial “8”, emitió un auto interlocutorio relativo a un recurso extraordinario de revisión presentado contra una sentencia de la Sección Tercera de la misma corporación. La sentencia impugnada revocó parcialmente un fallo previo del Tribunal Administrativo de Sucre que declaró la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad y condenó al pago de perjuicios morales a un grupo familiar.

Antecedentes fácticos y procesales

El recurso extraordinario de revisión fue interpuesto por el actor, representado por apoderado judicial, contra la sentencia que accedió parcialmente a sus pretensiones en una demanda de reparación directa. La sentencia condenó a las entidades estatales mencionadas a indemnizar por daños morales y ordenó la emisión de una disculpa pública por la afectación al derecho al buen nombre del demandante. El recurso fue examinado para verificar competencia, oportunidad y legitimación, así como para evaluar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para su trámite.

Consideraciones principales del auto interlocutorio

La Sala Plena encontró inconsistencias en la fundamentación del recurso extraordinario de revisión, especialmente en el acápite “IV. Fundamento de Derecho”. Se detectó que el numeral de la causal invocada no coincidía con el texto del CPACA ni con las argumentaciones expuestas, lo que generó confusión sobre la base jurídica del recurso. En consecuencia, se consideró necesario que el recurrente precise de manera clara y razonada la causal invocada, conforme a los artículos 250, 251 y 252 del CPACA. Asimismo, se indicó la obligación de ajustar y anexar el poder que legitima al apoderado para este recurso, dado que el poder actual estaba limitado a una específica causal no coincidente con la invocada. Además, se ordenó corregir el acápite relativo a las pretensiones, dado que el recurso extraordinario de revisión tiene efectos limitados y no declarativos. Otro aspecto señalado fue la identificación correcta de las partes demandadas según el artículo 252 del CPACA, incluyendo la vinculación de los terceros interesados que actuaron como demandantes en el proceso original, para garantizar su derecho de defensa y debido proceso. También se requirió informar las direcciones electrónicas para notificaciones de las partes y terceros, conforme a las disposiciones legales vigentes. Finalmente, se recordó la obligación de acreditar la remisión electrónica del recurso y sus anexos a las partes involucradas, en cumplimiento del numeral 8 del artículo 162 del CPACA, fundamental para la admisión del trámite.

Decisión y plazo otorgado

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado concedió un término de cinco días para que el recurrente subsane las deficiencias señaladas en el auto interlocutorio. La providencia precisó que, una vez vencido este plazo, el expediente regresará al despacho para que se decida lo pertinente sobre la admisión o inadmisión definitiva del recurso. Esta decisión reafirma la importancia de cumplir estrictamente con los requisitos procesales y formales en la interposición de recursos extraordinarios, especialmente en casos de gran relevancia como aquellos que involucran responsabilidad estatal y reparación de derechos fundamentales. De esta manera, el Consejo de Estado garantiza la correcta administración de justicia y la protección efectiva de los derechos de las partes involucradas.