Contexto y tribunal que conoce la demanda

El auto fue dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 27 de agosto de 2025. La demanda fue instaurada mediante el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra las resoluciones CRA 1000 y CRA 1001 de 2024, emitidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad encargada de la regulación en el sector de agua potable y saneamiento básico. La parte actora cuestiona aspectos relacionados con el Factor de Productividad aplicado al servicio público de aseo para los periodos posteriores a marzo de 2024.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada mediante ventanilla virtual el 6 de diciembre de 2024 y admitida el 29 de enero de 2025, ordenándose el trámite de rigor y la notificación a las entidades demandadas: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la CRA. Posteriormente, las partes presentaron sus contestaciones dentro del término legal. Una solicitud de suspensión provisional del acto demandado fue negada en auto del 6 de marzo de 2025. En este contexto, el Consejo de Estado procedió a analizar la procedencia de dictar sentencia anticipada conforme al artículo 182A del CPACA, el cual permite emitir sentencia sin práctica probatoria cuando el caso se base en asuntos de puro derecho o cuando no se requieran pruebas adicionales.

Consideraciones del auto y fijación del litigio

El auto detalla que la demanda contiene cinco cargos principales: (i) expedición irregular; (ii) falta de competencia; (iii) desviación de poder; (iv) vulneración de normas superiores; y (v) falsa motivación. Respecto a la expedición irregular, se investigará si la CRA incumplió normas sobre la participación ciudadana y la divulgación de documentos técnicos, incluyendo el incumplimiento de plazos para presentar observaciones y la omisión de dar publicidad a documentos finales del Comité de Expertos. En cuanto a la falta de competencia, se analizará si la CRA tenía facultades para imponer sanciones relacionadas con el reporte de información al Sistema Único de Información (SUI), conforme a disposiciones constitucionales y legales vigentes, además de los principios de legalidad y non bis in idem. El cargo por desviación de poder evaluará si la CRA alteró el factor de productividad calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con fines distintos a los previstos, afectando la tarifa del servicio público. El análisis sobre el desconocimiento de normas superiores examinará la posible infracción de múltiples artículos constitucionales y legales, incluyendo principios de participación ciudadana, eficiencia económica, suficiencia financiera y sanciones administrativas. Finalmente, la alegación de falsa motivación se centrará en la supuesta utilización de información desactualizada o errónea para fijar el factor de productividad, así como en falencias metodológicas y contradicciones con decisiones regulatorias anteriores.

Decreto de pruebas y valoración documental

El despacho judicial decretó la práctica de pruebas documentales aportadas por la parte demandante y valoró como probatorios los antecedentes administrativos de los actos impugnados que reposan en el sistema judicial electrónico. Se aclaró que algunas normas legales nacionales no requieren ser probadas conforme al artículo 177 del Código General del Proceso. También se reconoció la legitimación y representación de las entidades demandadas según la documentación aportada.

Conclusión del auto

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado fijó el litigio conforme a los cargos expuestos y decretó las pruebas pertinentes para continuar con el trámite procesal. Este auto representa un avance significativo en la administración de justicia en materia contencioso administrativa, al delimitar claramente los puntos controvertidos y ordenar la valoración probatoria necesaria para la decisión final. Notifíquese y cúmplase.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Consejo de Estado fija el litigio y decreta pruebas en demanda contra resoluciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Contexto y tribunal que conoce la demanda

Más noticias sobre Derecho Administrativo