Providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

La Sala Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en única instancia, profirió el 28 de abril de 2025 una sentencia que declaró la nulidad de dos resoluciones administrativas expedidas por entidades públicas competentes en materia minera. Estas resoluciones, relacionadas con la formalización de actividades mineras tradicionales, fueron anuladas por haberse vulnerado el derecho al debido proceso de la parte actora. Posteriormente, la Agencia Nacional de Minería solicitó la aclaración de dicha sentencia para que se precisara que la norma aplicable al trámite de formalización minera era el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esta solicitud mediante auto dictado el 19 de agosto de 2025, señalando que la petición excedía el objeto de aclaración permitido.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó tras la presentación de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos resoluciones: una expedida por la Subdirección de Contratación y Titulación Minero del Instituto Colombiano de Geología y Minería y otra por la Agencia Nacional de Minería. La demanda argumentaba que dichos actos administrativos vulneraban el debido proceso. En la sentencia del 28 de abril de 2025, la Sala declaró la nulidad de estos actos y ordenó a la Agencia Nacional de Minería adelantar el proceso de legalización de la minería tradicional conforme a la normativa vigente al momento de la solicitud, en particular la Ley 1382 de 2010 y el Decreto 2715 de 2010, dado que la solicitud original fue presentada en julio de 2010.

Consideraciones jurídicas de...