Providencia emitida por el Consejo de Estado en instancia de tutela administrativa

El auto fue proferido por la Sección Tercera - Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, máxima autoridad en materia contencioso administrativa en Colombia, en el marco de un proceso de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional. La providencia responde a la necesidad de incorporar al expediente judicial información probatoria actualizada relacionada con investigaciones penales y disciplinarias en curso.

Antecedentes fácticos y procesales

Los hechos objeto del proceso se remontan al 14 de marzo de 2016, cuando se registraron incidentes en un corregimiento de Córdoba. En ese contexto, se desarrollaron tres procedimientos paralelos: un proceso penal por tentativa de homicidio ante la Fiscalía Seccional de Lorica; un proceso penal militar por lesiones personales ante el Juzgado de Instrucción Penal Militar de Montería; y un proceso disciplinario contra el comandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) Seccional Sucre por presunto uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad y extralimitación de funciones, seguido por la Procuraduría Regional de Córdoba. Durante la audiencia inicial del proceso de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Córdoba decretó la incorporación de copias de los procesos penales y disciplinarios mencionados, con información que en ese momento estaba actualizada hasta fechas entre 2017 y 2018.

Consideraciones y contenido del auto

El Consejo de Estado, con el fin de asegurar el debido proceso y la adecuada valoración de las pruebas, ordenó requerir formalmente a las autoridades competentes (Fiscalía 26 Seccional de Lorica, Juzgado 164 de Instrucción Penal Militar de Montería y Procuraduría Regional de Córdoba) la remisión de las actuaciones procesales posteriores a las fechas inicialmente aportadas, hasta el momento presente. Este requerimiento establece un plazo de diez (10) días para que las autoridades envíen copia digital de dichas actuaciones. En caso de no contar con la información solicitada, las autoridades deben informar la situación y remitir la petición a la dependencia competente. Además, el auto dispone que las partes en el proceso deben colaborar activamente para el cumplimiento de esta orden y aportar las constancias correspondientes al expediente. Una vez recibida y recaudada la información actualizada, se dará traslado a las partes para su conocimiento y observaciones en un término de tres (3) días, previo al ingreso del expediente al despacho para su continuación.

Implicaciones jurídicas

Esta providencia refuerza el derecho fundamental al debido proceso, garantizando que el proceso de reparación directa cuente con todas las pruebas pertinentes y actualizadas para la correcta determinación de responsabilidades y eventual reparación por parte del Estado. También evidencia la coordinación entre diferentes jurisdicciones — penal ordinaria, penal militar y disciplinaria — en la administración de justicia frente a hechos que involucran presuntas conductas irregulares de funcionarios públicos. El auto, suscrito electrónicamente a través del aplicativo institucional, permite validar su autenticidad y refleja la transparencia y modernización en la gestión judicial. De esta manera, se busca que el proceso avance con total respeto a las garantías procesales y con la mayor exhaustividad en la valoración de las pruebas, asegurando una decisión justa y fundamentada en derecho.

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