Contexto y tribunal que conoce la providencia

La providencia tiene origen en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, instancia de segunda instancia que revisa decisiones de tribunales administrativos. Se trata de un auto, mediante el cual el despacho resuelve sobre un impedimento presentado por uno de sus consejeros para intervenir en un proceso de reparación directa.

Antecedentes del proceso

La demanda fue interpuesta por un grupo de actores contra diversas entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y otras, así como contra una corporación privada, a raíz de un atentado terrorista ocurrido en febrero de 2003 en la sede social de dicha corporación. Los demandantes reclaman reparación por los perjuicios sufridos debido a presuntas omisiones de las entidades demandadas. En primera instancia, el Tribunal Administrativo accedió parcialmente a las pretensiones, lo que motivó la apelación de las entidades demandadas. El expediente se encuentra en la etapa de elaboración del proyecto de sentencia de segunda instancia cuando uno de los consejeros del Consejo de Estado manifestó un impedimento para participar en el proceso, alegando ser socio de la corporación demandada, lo que podría afectar su imparcialidad.

Consideraciones jurídicas de la providencia

El auto analiza el impedimento con base en las causales contempladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil (CPC), hoy artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), que buscan preservar la imparcialidad del juez. En particular, el numeral 11 establece que un juez debe apartarse si él, su cónyuge o parientes cercanos son socios de alguna de las partes en sociedades de personas. El Consejo de Estado aclara que la corporación demandada no es una sociedad de personas en términos del Código de Comercio, sino una persona jurídica distinta regulada por el Código Civil. Por tanto, la causal específica del artículo 150.11 del CPC no es aplicable directamente. Sin embargo, el magistrado se encuentra impedido en virtud de otra causal, la del numeral 1 del mismo artículo, que contempla el interés indirecto en el proceso, dado su vínculo societario. En consecuencia, la Sala acepta el impedimento, separando al consejero del conocimiento del asunto para garantizar la objetividad del fallo.

Aspectos procesales adicionales

El auto también resuelve otras cuestiones procesales relevantes:

Se acepta la renuncia de un apoderado y se requiere al Ministerio del Interior para que designe nuevo representante.
Se solicita al Ministerio de Defensa y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que aporten las actas de posesión necesarias para reconocer debidamente a sus apoderados en el proceso.
Se informa a la corporación demandada que el proyecto de sentencia será elaborado conforme al turno correspondiente, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, que impone el deber judicial de respetar el orden para proferir sentencias.

Conclusión jurídica del auto

El Consejo de Estado, a través de esta providencia, reafirma el rigor en la aplicación de las causales de impedimento, limitadas y taxativas, para asegurar la imparcialidad en la administración de justicia. La decisión de aceptar el impedimento y ordenar la separación del magistrado involucrado se sustenta en el interés indirecto que éste tiene en una de las partes, evitando cualquier duda sobre la objetividad en el fallo. Además, se adoptan medidas para la correcta representación procesal de las entidades involucradas, garantizando la continuidad y legalidad del trámite judicial. Esta providencia destaca la importancia de la transparencia y la ética judicial en procesos de alto impacto social como los que involucran la reparación por atentados terroristas, reafirmando el compromiso del Consejo de Estado con la administración de justicia imparcial y eficiente.

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Consejo de Estado acepta impedimento de magistrado en proceso por reparación directa tras atentado terrorista

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