Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de una acción de controversias contractuales interpuesta contra una entidad pública distrital encargada de la vigilancia y seguridad en Bogotá, en liquidación, y su sucesora procesal, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una demanda presentada por los integrantes de un consorcio contratista que desarrolló un contrato de obra pública en 2006 para la construcción de una estación de policía y una unidad permanente de justicia en Bogotá. El contrato, pactado bajo la modalidad “llave en mano” y a precio global fijo, estableció un plazo inicial de 17 meses que se extendió a 33 meses debido a diversas modificaciones y suspensiones no imputables al contratista. Durante la ejecución, el consorcio alegó incumplimientos de la entidad contratante, destacando sobrecostos derivados de demoras administrativas, nuevas exigencias normativas y obras adicionales necesarias para la funcionalidad del proyecto. En particular, solicitó el reajuste del valor del contrato por aumento en los precios de insumos y la actualización por la mayor área construida ejecutada, además de intereses moratorios por el retraso en los pagos. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, reconoció el reajuste del precio y el pago por mayor área construida, junto con intereses moratorios, pero negó las demás pretensiones relacionadas con incumplimiento y desequilibrio económico. Además, exoneró de responsabilidad a la sociedad interventora del contrato.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado analizó los presupuestos...