Contexto y tribunal

La decisión fue proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en Bogotá, el 1º de septiembre de 2025, en el trámite de un recurso de apelación contra sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El litigio surge de controversias contractuales entre un fondo estatal dedicado a la adaptación y una empresa constructora, en relación con un contrato celebrado en 2013 para diseñar y ejecutar obras de restauración de veintitrés sedes educativas afectadas por eventos climáticos entre 2010 y 2011.

Antecedentes del caso

El contrato, dividido en dos etapas (diseños y construcción), estableció un plazo inicial de ocho meses y un valor aproximado de $6.668 millones. Posteriormente se suscribieron múltiples otrosíes que ampliaron plazos y modificaron valores, incluyendo un acuerdo (otrosí 5) en julio de 2015 donde la constructora asumió el pago de hasta $474 millones por la mayor permanencia del interventor de obra, encargado del seguimiento técnico. El fondo estatal reclamó a la constructora el pago por costos asociados a esta mayor permanencia y otros conceptos, mientras que la constructora presentó demanda de reconvención reclamando pagos por mayores cantidades de diseño, estudios de riesgo, reajustes, y daños por supuestos incumplimientos del fondo.

Consideraciones centrales de la sentencia

La Sala confirmó la condena a la constructora por el pago de $474 millones acordados en el otrosí 5, basándose en la interpretación contractual orientada por el principio de buena fe, que privilegia la intención común de las partes manifestada en el acuerdo modificatorio. Se descartó que la obligación fuera un reembolso variable por costos reales, estableciéndose como...