Providencia judicial y contexto procesal

En segunda instancia, el Consejo de Estado resolvió los recursos de apelación interpuestos por la DIAN y la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, que había accedido parcialmente a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la empresa. La demanda cuestionó actos administrativos que negaron las solicitudes de prórroga para el almacenamiento de cinco contenedores con mercancías importadas, amparadas en contratos de transporte marítimo o bill of lading. Los documentos de transporte habían sido endosados a una tercera empresa, pero el demandante alegó que dicho endoso no se había perfeccionado por falta de entrega física de los títulos, razón por la cual conservaba la legitimidad para solicitar la prórroga ante la DIAN. La entidad demandada negó las solicitudes basándose en que el legítimo tenedor de los títulos era el endosatario y no el solicitante.

Antecedentes fácticos y normativos

La sociedad demandante contrató un transportador marítimo para importar mercancías desde Panamá al puerto de Santa Marta. La mercancía se almacenó bajo custodia de la DIAN, otorgándose un plazo de un mes para su permanencia en depósito, conforme al artículo 115 del Decreto 2685 de 1999. Antes del vencimiento de este término, el solicitante radicó varias solicitudes de prórroga, que fueron denegadas con fundamento en que los documentos de transporte estaban endosados a terceros, quienes debían tramitar dichas prórrogas. Posteriormente, la DIAN levantó actas de inventario y avalúos de mercancía en abandono y ordenó la destrucción de la misma. El demandante interpuso recursos administrativos que fueron negados, y en consecuencia acudió a la jurisdicción contencioso...