Contexto y tribunal competente

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, que actúa como tribunal de segunda instancia en el proceso de nulidad electoral instaurado contra el alcalde de San José de Cúcuta correspondiente al periodo 2024-2027. La decisión se dio en el marco del expediente radicado bajo el número 54001-23-33-000-2024-00012-02, acumulado con otro proceso similar.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene su origen en una demanda electoral que cuestiona la validez de la elección del alcalde de Cúcuta. Durante la apelación, uno de los demandantes aportó una serie de documentos consistentes en escritos dirigidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales solicitó información y documentos relacionados con las firmas presentadas por el comité inscriptor de la candidatura del demandado en el proceso electoral de 2023. La Registraduría respondió mediante oficios fechados en mayo y junio de 2024. Sin embargo, en el escrito de apelación no se solicitó expresamente que dichos documentos se incorporaran como pruebas dentro del proceso en segunda instancia.

Consideraciones jurídicas del Consejo de Estado

El magistrado ponente destacó que, conforme al artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que una prueba sea valorada en segunda instancia debe haberse solicitado, practicado e incorporado al proceso dentro de las oportunidades previstas en la ley. Este artículo establece excepciones para admitir pruebas en segunda instancia únicamente en casos muy específicos, tales como: petición conjunta de las partes, pruebas negadas en primera instancia que no fueron practicadas por causas ajenas a la parte solicitante, hechos ocurridos con posterioridad a la primera instancia, fuerza mayor o caso fortuito, y para desvirtuar pruebas relacionadas con estos supuestos. En el caso concreto, la solicitud no cumplió con ninguna de estas condiciones, pues no se pidió la incorporación formal de los documentos durante el término procesal correspondiente ni existió una justificación legal para su ingreso tardío.

Decisión y efectos procesales

Por estas razones, el Consejo de Estado dictó un auto mediante el cual denegó la incorporación y decreto de las pruebas aportadas en la apelación. El despacho ordenó que, una vez ejecutoriado el auto, el expediente continúe su trámite normal hacia la sentencia definitiva. Este pronunciamiento reafirma la rigurosidad de los procedimientos probatorios en la jurisdicción contencioso administrativa electoral y la importancia de respetar las etapas procesales para la admisión de pruebas, garantizando así la seguridad jurídica y la correcta administración de justicia en materia electoral.

Conclusión

El auto del Consejo de Estado pone de manifiesto la aplicación estricta de las normas procesales en materia probatoria, rechazando la incorporación extemporánea de documentos que no cumplen con los requisitos legales. De esta manera, se resguarda la efectividad del debido proceso en los asuntos electorales que afectan la legitimidad de las autoridades locales, asegurando que los procesos electorales se desarrollen con transparencia y respeto a la legalidad vigente.

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Consejo de Estado niega incorporación de nuevas pruebas en proceso electoral contra alcalde de Cúcuta

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