Contexto y tribunal competente

La decisión fue proferida por el Consejo de Estado en segunda instancia, en ejercicio del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. El proceso se originó a partir de un medio de control de reparación directa instaurado contra entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, en relación con la responsabilidad estatal por la administración de justicia.

Antecedentes fácticos y procesales

En octubre de 2002, varios vehículos tipo taxi fueron inmovilizados por orden de la Fiscalía en el marco de una investigación penal y puestos a disposición de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión. Posteriormente, se inició un trámite de extinción de dominio sobre dichos vehículos. Sin embargo, debido a irregularidades en la notificación, la Fiscalía declaró la nulidad de lo actuado y finalmente se inhibió de continuar con la acción de extinción de dominio en septiembre de 2012, ordenando la cancelación de embargos y la entrega inmediata de los vehículos a sus propietarios. Al momento de la devolución, tres de los vehículos fueron entregados en estado de deterioro total, mientras que uno había sido hurtado. La parte demandante solicitó que se declarara la responsabilidad administrativa del Estado por estos hechos, reclamando indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales y daños a derechos fundamentales como el debido proceso, el buen nombre, la honra y el honor. En primera instancia, el Tribunal Administrativo declaró la responsabilidad del Estado por el deterioro y hurto de los vehículos bajo custodia...