Contexto y tribunal competente

La providencia fue dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección B, en segunda instancia. El proceso se originó por una demanda de reparación directa presentada contra la Nación – Ministerio de Transporte, el municipio de Santiago de Cali y la empresa encargada del transporte masivo, por parte de propietarios de vehículos tradicionales de transporte público afectados tras la implementación del sistema MIO. La demanda alegaba que se causaron daños patrimoniales por la exclusión injustificada de los demandantes sin garantizarles una rentabilidad mínima comparable a la obtenida previamente.

Antecedentes procesales

En primera instancia, el juzgado negó las pretensiones al considerar que no se acreditó un daño grave y especial que no debiera soportar la parte actora. Contra esta decisión, se interpuso recurso de apelación y se solicitó el decreto de nuevas pruebas en segunda instancia, entre ellas reportes de medios de comunicación, un informe de la Contraloría Municipal y declaraciones de renta de los transportadores. El Consejo de Estado admitió el recurso de apelación y procedió a analizar la solicitud de pruebas conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por la Ley 2080 de 2021.

Consideraciones jurídicas y decisión

El auto destaca que, conforme al artículo 212 del CPACA, las pruebas en segunda instancia son excepcionales y sólo pueden decretarse en circunstancias específicas:

• Cuando se solicitan de común acuerdo por las partes.
• Si fueron negadas en primera instancia o no se practicaron sin culpa de quien las solicitó.
• Si versan sobre hechos posteriores al...