Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad en la jurisdicción contencioso administrativa, emitió un auto mediante el cual avoca conocimiento de un proceso ejecutivo en segunda instancia. Este proceso busca la ejecución de una condena pecuniaria contra la Nación, específicamente contra la Fiscalía General y la Rama Judicial, derivada de una sentencia previa de esta misma corporación. La providencia, firmada por el magistrado ponente, establece además requerimientos procesales para asegurar la correcta representación de las entidades demandadas.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con la demanda ejecutiva presentada el 17 de febrero de 2016 por unos particulares, en procura de obtener el pago de sumas reconocidas en una sentencia de segunda instancia dictada en 2014 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La sentencia inicial correspondió a un proceso de reparación directa conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió una sentencia que declaró parcialmente probada una excepción de pago, ordenó continuar con la ejecución por un monto específico y requirió la presentación de la liquidación del crédito. Ante esta decisión, la Fiscalía General y la Rama Judicial interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron admitidos por el tribunal de origen. Posteriormente, el expediente fue remitido al despacho del magistrado ponente actual, conforme a criterios de competencia por conexidad establecidos en la ley y en providencias unificadoras del Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala determinó que el régimen aplicable al procedimiento es el establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el Código General del Proceso (CGP), vigentes al momento de interposición de la demanda en 2016. En materia de competencia, se confirmó la jurisdicción del Consejo de Estado para conocer del asunto, en virtud del numeral 6° del artículo 104 del CPACA, correspondiente a procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por esta jurisdicción. Respecto a la competencia para conocer de la ejecución, se aplicó la regla del factor de conexidad, según la cual el juez que conoció la primera instancia del proceso declarativo es competente para conocer la ejecución, independientemente de si la condena fue proferida en primera o segunda instancia. Por ello, la Subsección C de la Sección Tercera asumió la competencia para continuar el trámite. Además, se rechazó la solicitud de entrega de títulos judiciales presentada por la parte demandante, dado que dicha petición ya fue resuelta por el tribunal de primera instancia y excede la competencia del juez de segunda instancia. Finalmente, se tuvo en cuenta la renuncia al mandato conferido por la Rama Judicial a su apoderado, por lo que se requirió a esta entidad para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto, designe nuevo representante judicial.

Resolución adoptada

El Consejo de Estado avocó conocimiento del proceso ejecutivo, requirió a la Rama Judicial la designación de nuevo apoderado y ordenó el ingreso del expediente al despacho ponente para la continuación del trámite procesal respectivo. Esta providencia se enmarca en la aplicación coherente de las reglas procesales vigentes y la jurisprudencia consolidada sobre competencia, garantizando la continuidad y la correcta representación en procesos ejecutivos derivados de sentencias administrativas. Con esta decisión, se busca asegurar que los procesos de ejecución se desarrollen con la debida diligencia y respeto a los derechos de las partes involucradas, fortaleciendo la seguridad jurídica en el ámbito contencioso administrativo.

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Consejo de Estado avoca conocimiento en proceso ejecutivo contra la Nación por pago derivado de sentencia administrativa

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