Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad en la jurisdicción contencioso administrativa, emitió un auto mediante el cual avoca conocimiento de un proceso ejecutivo en segunda instancia. Este proceso busca la ejecución de una condena pecuniaria contra la Nación, específicamente contra la Fiscalía General y la Rama Judicial, derivada de una sentencia previa de esta misma corporación. La providencia, firmada por el magistrado ponente, establece además requerimientos procesales para asegurar la correcta representación de las entidades demandadas.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó con la demanda ejecutiva presentada el 17 de febrero de 2016 por unos particulares, en procura de obtener el pago de sumas reconocidas en una sentencia de segunda instancia dictada en 2014 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La sentencia inicial correspondió a un proceso de reparación directa conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca emitió una sentencia que declaró parcialmente probada una excepción de pago, ordenó continuar con la ejecución por un monto específico y requirió la presentación de la liquidación del crédito. Ante esta decisión, la Fiscalía General y la Rama Judicial interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron admitidos por el tribunal de origen. Posteriormente, el expediente fue remitido al despacho del magistrado ponente actual, conforme a criterios de competencia por conexidad establecidos en la ley y en providencias unificadoras del Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala determinó que el régimen aplicable...