Contexto y antecedentes del proceso

La providencia objeto de análisis fue emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub-sección B, en calidad de instancia de apelación. El recurso fue interpuesto por la parte demandada contra el auto del Juzgado 33 Administrativo de Bogotá que aprobó la liquidación de costas procesales en un proceso de reparación directa. El litigio se originó a partir de una demanda contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la cual se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a esta entidad por daño antijurídico causado al demandante. En la sentencia de segunda instancia, además de la condena en responsabilidad, se ordenó la condena en costas a favor del demandante, incluyendo agencias en derecho fijadas en cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Posteriormente, el Juzgado 33 Administrativo realizó la liquidación de costas, la cual fue aprobada mediante auto. En respuesta, la parte demandada presentó recurso de apelación solicitando la revocatoria de dicha liquidación, argumentando que no existían pruebas suficientes en el expediente que demostraran la generación efectiva de costas y agencias en derecho por el monto fijado.

Aspectos jurídicos y normativos considerados

El problema jurídico central se centró en determinar si la tasación de las agencias en derecho se efectuó conforme a la normatividad aplicable y la realidad probatoria del proceso. Para ello, la Sala analizó la legislación y la jurisprudencia relacionada con la condena en costas en la jurisdicción contencioso-administrativa. En primer lugar, se recordó que el concepto de costas procesales abarca tanto los gastos necesarios o útiles dentro del proceso —como honorarios de auxiliares de justicia, pruebas periciales, notificaciones y otros—, como las agencias en derecho, que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento y defensa judicial de los intereses de la parte vencedora. Estas últimas pueden fijarse discrecionalmente por el juez, atendiendo a criterios como la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, así como la cuantía del proceso, sin que deban coincidir necesariamente con el monto pagado a un abogado. El marco normativo relevante incluye el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que establece la obligación de pronunciarse sobre costas...

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Consejo de Estado confirma liquidación de costas en proceso contra la Registraduría Nacional del Estado Civil

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