Contexto y naturaleza de la providencia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, emitió un auto en el marco de un proceso de reparación directa, en el cual se abordó la solicitud de aclaración presentada por el apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Esta solicitud se relacionaba con la providencia anterior del 9 de agosto de 2024, que había resuelto sobre la liquidación de costas del proceso. Es importante destacar que la aclaración es un mecanismo jurídico contemplado en el artículo 285 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el cual permite corregir conceptos o frases que generen dudas o contengan errores en la parte resolutiva o que influyan en ella, sin modificar el sentido de la decisión original.

Antecedentes fácticos y procesales

La providencia inicial del 9 de agosto de 2024 resolvió no aprobar la liquidación de costas presentada por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal, y en su lugar, determinó liquidar un monto total de quince millones ciento veinte mil pesos ($15.120.000) como costas del proceso. Este valor correspondía a la suma reconocida por concepto de agencias en derecho para las partes demandadas, con base en sentencias previas emitidas el 30 de agosto de 2018 y el 27 de julio de 2023. Posteriormente, el apoderado del Instituto de Desarrollo Urbano solicitó la aclaración del auto, argumentando que se había cometido un error aritmético en el cálculo de las sumas a pagar a cada demandado. En concreto, señaló que en el texto de la providencia se consignó erróneamente un valor de ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($8.480.000) para cada parte, cuando el cálculo correcto era de siete millones quinientos sesenta mil pesos ($7.560.000), conforme a la tabla explicativa incluida en la misma providencia.

Consideraciones del tribunal sobre la aclaración

Al examinar la solicitud, el Tribunal recordó el alcance y requisitos para la procedencia de la aclaración de providencias establecidos en el artículo 285 del CPACA. El tribunal indicó que dicha figura permite corregir errores que generen dudas o confusión, siempre que estos se encuentren en la parte resolutiva o influyan en ella, y que la decisión que resuelve sobre la aclaración no es susceptible de recurso. En el análisis concreto, el Tribunal verificó que en el numeral 13 de la providencia original se asignó correctamente la suma de trece millones novecientos veinte mil pesos ($13.920.000) por concepto de agencias en derecho, correspondiente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada demandado. Sin embargo, en el numeral 14, se consignó incorrectamente un monto mayor para cada parte demandada. El tribunal concluyó que esta discrepancia aritmética debe ser corregida, dado que influye en la comprensión y aplicación de la parte resolutiva de la decisión. Por ello, aclaró que la suma correcta que corresponde a cada demandado asciende a siete millones quinientos sesenta mil pesos ($7.560.000) y no a ocho millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($8.480.000), como se había indicado erróneamente.

Decisión y efectos de la aclaración

En consecuencia, el auto del 12 de septiembre de 2025 aclara los apartes considerativos del auto del 9 de agosto de 2024, corrigiendo el error aritmético en la liquidación de agencias en derecho. Este ajuste no modifica el monto total aprobado para las costas del proceso, que permanece en quince millones ciento veinte mil pesos ($15.120.000), sino que precisa la distribución correcta entre las partes demandadas. Finalmente, el auto ordena notificar la decisión en los términos previstos en el artículo 201 del CPACA, garantizando así la debida comunicación a las partes involucradas.

Importancia de la aclaración en el procedimiento administrativo

Este caso ejemplifica la utilidad de la figura de aclaración para garantizar la exactitud y transparencia en las decisiones judiciales, especialmente en materia administrativa donde la correcta liquidación de costas y gastos procesales tiene un impacto económico directo para las partes. Además, reafirma la obligación de los tribunales de velar por la precisión técnica sin alterar el fondo de sus determinaciones. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca continúa aplicando con rigurosidad los preceptos procesales que aseguran la corrección de errores materiales y la claridad en sus providencias, contribuyendo así a la confianza en la administración de justicia.