Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ponencia de la magistrada encargada, conoció un proceso de controversias contractuales iniciado por una Unión Temporal contra la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá. La demanda, presentada el 30 de julio de 2024, busca que se declare el incumplimiento y desequilibrio económico en un contrato de obra pública celebrado en diciembre de 2021, por un valor cercano a 13 mil millones de pesos y un plazo inicial de ejecución de 11 meses. El contrato en cuestión tenía por objeto la construcción y cerramiento de la nueva planta física de un colegio en la localidad de Ciudad Bolívar. Sin embargo, la Unión Temporal alegó que debido a múltiples suspensiones, problemas con diseños y ajustes no previstos en los análisis de precios unitarios, se generó un desequilibrio financiero que imposibilitó la culminación total de la obra en el plazo estipulado. En el marco del proceso, la parte actora solicitó varias medidas cautelares, entre ellas:

Suspensión de cualquier proceso administrativo sancionatorio en su contra o contra las sociedades que la integran.
Embargo y consignación a órdenes del tribunal de los dineros asignados y no desembolsados del contrato.
Embargo y consignación de los dineros entregados para la ejecución del contrato.
Ordenar a la Secretaría de Educación incluir partidas presupuestales específicas para garantizar el pago de eventuales indemnizaciones.

Consideraciones jurídicas y análisis del tribunal

El Tribunal inició su análisis señalando que su competencia para resolver sobre la medida cautelar está respaldada por los artículos 125, 229 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Recordó que, conforme al artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción contencioso administrativa puede suspender provisionalmente los efectos de actos administrativos impugnados, siempre que se cumplan los requisitos legales. Los artículos 229 y 230 del CPACA precisan que las medidas cautelares deben proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, y que pueden adoptar formas preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Para decretar una medida cautelar, el artículo 231 del CPACA establece requisitos clave:

Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
Que el demandante haya demostrado, aunque sea sumariamente, la titularidad del derecho invocado.
Que existan argumentos que permitan concluir que negar la medida es más gravoso para el interés público que concederla.
Que, además, se evidencie un perjuicio irremediable o que la sentencia tenga efectos nugatorios si no se concede la medida.

El Tribunal destacó que en el caso concreto no se demandó la nulidad ni suspensión provisional de ningún acto administrativo, sino medidas destinadas a conjurar supuestos efectos perjudiciales. En consecuencia, la solicitud de suspensión de procesos sancionatorios y embargos no se ajusta a las condiciones legales para decretar medidas cautelares. Respecto a la suspensión de procesos administrativos sancionatorios, el tribunal explicó que existen diversas responsabilidades (penal, fiscal, disciplinaria, administrativa) sobre contratos estatales, y que ordenar su suspensión generalizada sólo es procedente en casos excepcionales, cuando se cumplen estrictos requisitos que no fueron acreditados en este caso. Sobre el embargo y consignación de dineros, el tribunal señaló que la demanda se basa en una expectativa de desequilibrio económico sin liquidación definitiva del contrato, por lo que no se configura un derecho cierto sobre esos recursos. Embargar fondos públicos en estas condiciones podría afectar el interés general, por lo que la medida es improcedente. Finalmente, en relación con la solicitud de inclusión presupuestal, el tribunal recordó la separación de poderes en el Estado de Derecho. La rama judicial no puede ordenar a la administración incluir partidas presupuestales específicas, función que corresponde al ejecutivo y al legislativo, especialmente cuando los resultados del proceso son inciertos y la ley ya contempla mecanismos presupuestales genéricos para la atención de conciliaciones y sentencias.

Decisión y efectos de la providencia

En mérito de lo expuesto, la magistrada ponente resolvió negar la solicitud de medida cautelar. La decisión fue notificada a las partes conforme a las disposiciones procesales vigentes, garantizando la integridad y autenticidad del acto mediante firma electrónica. Esta providencia subraya la rigurosidad con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca evalúa la procedencia de medidas cautelares en controversias contractuales con entidades públicas. Resalta la importancia de cumplir con los requisitos legales, de fundamentar adecuadamente las solicitudes y de respetar los límites institucionales en materia presupuestal y de competencias administrativas. Así, el tribunal preserva el equilibrio entre la protección de los derechos litigiosos y el interés general, asegurando que las medidas cautelares se adopten sólo cuando estén debidamente justificadas y sean necesarias para garantizar la efectividad de la jurisdicción.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega medida cautelar en controversia contractual con Secretaría de Educación de Bogotá

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