Providencia judicial en proceso administrativo contra la Secretaría Distrital de Hacienda

La providencia analizada corresponde a un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub-Sección “A”, en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La resolución fue emitida por la magistrada ponente, en cumplimiento con el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó el artículo 182A a la Ley 1437 de 2011 para permitir la sentencia anticipada en esta jurisdicción administrativa.

Antecedentes del proceso

El proceso fue iniciado mediante demanda presentada en mayo de 2025 contra la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, con el objetivo de obtener la nulidad de dos actos administrativos: la Resolución que profiere la Liquidación Oficial de Revisión del Impuesto Predial Unificado, y la Resolución que resuelve un recurso de reconsideración relacionado con dicha liquidación. Tras la admisión de la demanda en junio de 2025, la entidad demandada presentó contestación en agosto del mismo año.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El auto se fundamenta en el reciente marco normativo que regula la sentencia anticipada en procesos administrativos, específicamente en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 que adicionó el artículo 182A a la Ley 1437 de 2011. Esta norma establece que el juez puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial en casos donde el asunto sea de puro derecho, no se requiera practicar pruebas adicionales o cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes o inútiles. En el caso concreto, el despacho judicial constató que las partes habían aportado las pruebas documentales que pretendían hacer valer desde la demanda y su contestación, por lo que se cumplen los requisitos legales para dictar sentencia anticipada. Además, no se presentaron excepciones previas por parte del demandado, aunque sí se formularon excepciones de mérito sobre la legalidad de los actos administrativos cuestionados, las cuales serán analizadas en la sentencia de fondo.

Fijación del litigio y problemas jurídicos planteados

El tribunal determinó que existe consenso entre las partes respecto a los hechos, por lo que la fijación del litigio se centrará en los fundamentos de derecho expuestos. El objeto del proceso se circunscribe a evaluar la legalidad de dos actos administrativos: la liquidación oficial de revisión del impuesto predial unificado y la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Los problemas jurídicos principales identificados para resolver son:

Determinar si el inmueble objeto del impuesto cumple con los requisitos para ser catalogado como bien de interés cultural, lo que podría otorgarle exención del impuesto predial unificado.
Establecer la procedencia o no de la sanción por inexactitud impuesta.

Incorporación de pruebas y trámite procesal

En cuanto a la prueba, el tribunal incorporó al proceso los documentos aportados por ambas partes. La parte demandante presentó tres documentos en formato digital, mientras que la demandada aportó documentos y antecedentes administrativos que se encuentran debidamente incorporados al expediente. Posteriormente, y conforme a lo previsto en la legislación vigente, se dispondrá el traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, así como al agente del Ministerio Público para que emita su concepto. Todo este trámite se realizará a través de la ventanilla virtual habilitada para la gestión electrónica de documentos procesales.

Medidas adicionales y procedimiento

El auto también incluye disposiciones para garantizar la correcta gestión documental, exhortando a las partes a cumplir con los protocolos de presentación y digitalización de documentos. Se reconoció la personería del apoderado judicial de la parte demandada y se establecieron los canales electrónicos para la presentación de alegatos y conceptos posteriores. Finalmente, se notificó la providencia a las partes y al Ministerio Público, señalando que contra esta decisión procede el recurso de reposición y que, una vez en firme, se dará continuidad al proceso hasta la sentencia definitiva. --- Esta providencia refleja la aplicación práctica de las reformas legales orientadas a agilizar los procesos administrativos mediante la figura de la sentencia anticipada, buscando una resolución más eficiente de los conflictos relacionados con la administración tributaria local y la protección de derechos en materia de impuestos prediales. Con ello, se espera fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un debido proceso en la gestión de los tributos territoriales en Bogotá.

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