Contexto y antecedentes del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, conoció un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por una entidad prestadora de servicios de salud (EPS) en contra del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de otras entidades relacionadas. La demanda buscaba que se condenara al pago de 1.530 cuentas de cobro correspondientes a facturas por un monto superior a 1.600 millones de pesos. De manera subsidiaria, se solicitó la condena por enriquecimiento sin justa causa. Inicialmente, la demanda fue presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud, autoridad que en ejercicio de funciones jurisdiccionales profirió sentencia el 2 de agosto de 2019, negando las pretensiones. La parte demandante interpuso apelación, la cual fue concedida por dicha entidad mediante auto de noviembre de 2020. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, declaró su falta de jurisdicción y competencia para conocer del recurso de apelación, ordenando remitir el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, ante un conflicto negativo de jurisdicción planteado entre el Tribunal Administrativo y el Tribunal Superior, la Corte Constitucional fue llamada a pronunciarse.

Conflicto de jurisdicción y definición del tribunal competente

El conflicto de competencia giró en torno a la naturaleza del proceso, dado que el procedimiento de recobro discutido proviene de una actuación administrativa reglada, en cabeza de una entidad pública. La Corte Constitucional, mediante auto de septiembre de 2023, determinó que la jurisdicción competente para conocer del asunto es la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta decisión...