Contexto y tribunal competente

El proceso fue adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, específicamente en la Sección Primera, Subsección B, con ponencia del magistrado encargado. La providencia que se analiza corresponde a un auto de admisión dictado en primera instancia, el cual permite iniciar formalmente el trámite de una demanda presentada bajo la figura de la acción popular.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta por una veedora ciudadana y otras personas, quienes solicitaron la protección de derechos colectivos frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal de un municipio del departamento, el Concejo Municipal del mismo municipio y una concesión privada encargada de la ejecución del proyecto vial denominado “Retorno Vial el Rey”. Los demandantes alegan que el proceso de licenciamiento y la ejecución de dicho proyecto han vulnerado derechos constitucionales tales como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la información pública, el principio de precaución, la protección del patrimonio cultural y ecológico, así como la continuidad de los procesos naturales. En particular, se señala que el proyecto tendría efectos negativos sobre una especie arbórea conocida como Guayacán Amarillo. El auto de admisión señala que la demanda cumple con los requisitos formales previstos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 y en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por lo cual fue admitida para su trámite correspondiente.

Consideraciones jurídicas y alcance de la decisión

El Tribunal, al analizar el escrito de demanda y el informe secretarial, concluyó que la solicitud cumple con los requisitos de forma para su admisión, permitiendo así el avance del proceso. En consecuencia, se ordenó notificar personalmente a los representantes legales de las entidades demandadas, quienes cuentan con un término de diez días para contestar la demanda y presentar las pruebas que consideren pertinentes. Adicionalmente, la providencia establece medidas para garantizar la participación y conocimiento público del proceso, entre las cuales se incluyen:

Notificación a la Defensoría del Pueblo para su intervención y registro conforme a la Ley 472 de 1998.
Obligación para la parte actora de informar a la comunidad mediante un medio masivo de comunicación o mecanismo eficaz sobre la existencia de la demanda.
Notificación al agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal para que participe en el proceso.
Notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1564 de 2012.

Estas disposiciones buscan garantizar la transparencia procesal y el debido proceso, así como la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos involucrados.

Importancia del auto y próximos pasos

La admisión de la demanda marca el inicio formal del proceso judicial para evaluar las presuntas vulneraciones a los derechos colectivos en el contexto del proyecto vial en cuestión. El auto no resuelve el fondo del asunto, sino que habilita a las partes para presentar sus argumentos y pruebas, lo que permitirá al Tribunal realizar un análisis detallado en etapas posteriores. Así mismo, el cumplimiento de las medidas de publicidad y notificación establecidas busca involucrar a la comunidad y a las autoridades competentes, fortaleciendo el control social y la participación ciudadana en temas ambientales y de interés colectivo. En suma, esta providencia refleja el ejercicio efectivo de la acción popular como mecanismo constitucional para la protección de derechos colectivos y ambientales, en el marco del control judicial sobre proyectos que pueden afectar el interés general. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Magistrado Ponente Firmado Electrónicamente Nota: La providencia fue firmada electrónicamente conforme a lo previsto en el artículo 186 del CPACA, garantizando su autenticidad e integridad.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda por protección de derechos colectivos frente a proyecto vial

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