Contexto y Tribunal competente

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia y a través de su Sección Primera, Subsección B, conoció y admitió la demanda presentada por una sociedad contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La providencia adoptada es un auto que declara la admisibilidad del proceso de nulidad relativa en materia de propiedad industrial. Este tipo de medios de control judicial permite cuestionar actos administrativos que afectan derechos relacionados con marcas y signos distintivos.

Antecedentes fácticos y procesales

La empresa demandante interpuso acción contra la resolución emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió un recurso de apelación revocando una decisión anterior de la Dirección de Signos Distintivos y concediendo el registro de la marca "LE BLANC DIGITAL DENTAL STUDIO" para servicios clasificados en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. La resolución impugnada asignó además un número de certificado al registro concedido. En su demanda, la sociedad solicitó:

La nulidad de la Resolución N° 60900 del 22 de septiembre de 2021.
La orden para que la Superintendencia cancele y desanote el certificado de registro concedido.
La publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
La adopción de las medidas necesarias para cumplir con la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Consideraciones principales de la providencia

El magistrado ponente, en nombre del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sostuvo que la demanda cumplía con los requisitos formales y que esta Sección del tribunal es competente para conocer del asunto. Por ello, decidió admitir la demanda y dispuso las siguientes medidas procedimentales:

Notificación personal al representante legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, o a quien haga sus veces, conforme a lo establecido en la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.
Vinculación como tercero con interés directo a una persona relacionada con el proceso, notificándole personalmente.
Notificación al agente del Ministerio Público para que intervenga en el proceso.
Notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, representada por su director general o delegado.
Traslado de la demanda a las partes y al Ministerio Público por un término de treinta días para presentar sus respuestas y pruebas, conforme al artículo 172 de la Ley 1437 de 2011.
Fijación de gastos ordinarios del proceso por valor de cien mil pesos, que deberá consignar la parte actora en la cuenta corriente designada, con indicación del número de proceso.
Advertencia a la entidad demandada para que aporte copia de los antecedentes administrativos dentro del término para contestar la demanda, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.
Reconocimiento formal del apoderado judicial de la parte demandante, conforme al poder conferido.

Cabe destacar que la providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado ponente, garantizando su autenticidad y conservación conforme al artículo 186 del CPACA.

Implicaciones procesales y próximas etapas

La admisión de la demanda no implica un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto, sino la apertura formal del proceso judicial. En adelante, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá contestar la demanda y aportar los antecedentes administrativos que soportan la resolución impugnada. Asimismo, el Ministerio Público y el tercero vinculado tendrán oportunidad para intervenir, garantizando la protección del interés público y de las partes involucradas. El tribunal valorará posteriormente las pruebas y argumentos para resolver la posible nulidad de la resolución que concedió el registro de la marca en cuestión. Este trámite demuestra la operatividad del medio de control de nulidad relativa en la defensa de los derechos relacionados con la propiedad industrial, y la importancia del debido proceso en la revisión judicial de actos administrativos.

Conclusión

El auto de admisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca marca el inicio de un proceso judicial que cuestiona la legalidad de un acto administrativo de gran relevancia para la protección de marcas en Colombia. Este caso pone en relieve el papel del sistema judicial en la supervisión de las decisiones administrativas en materia de propiedad industrial, garantizando el respeto al debido proceso y la adecuada tutela de los derechos involucrados.

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda contra resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre registro de marca

Contexto y Tribunal competente

Antecedentes fácticos y procesales

Más noticias sobre Derecho Administrativo