Contexto y naturaleza de la decisión

En una providencia proferida el 10 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió un recurso de apelación contra un auto emitido el 3 de julio del mismo año por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá. Dicho auto había negado la práctica del interrogatorio de parte solicitado por la entidad demandada, el Municipio de Chía, en un proceso contencioso administrativo. La apelación fue interpuesta por el apoderado del municipio y, tras un análisis riguroso, el Tribunal confirmó la decisión inicial.

Antecedentes del caso

El proceso se originó por una demanda interpuesta por un grupo de trabajadores contra el Municipio de Chía, en la cual se solicitaba el reconocimiento del reajuste salarial correspondiente a la vigencia 2023. Este reajuste se basaba en un acuerdo colectivo firmado en 2022 que establecía un incremento adicional al porcentaje decretado por el Gobierno Nacional. Además, los demandantes alegaban la existencia de un acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo negativo frente a una solicitud presentada en febrero de 2024, y reclamaban la nulidad del mismo, así como el pago retroactivo de las diferencias salariales y sus repercusiones en factores prestacionales. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Zipaquirá, mediante auto del 3 de julio de 2025, decidió encaminar el proceso hacia una sentencia anticipada, argumentando que las pruebas documentales allegadas con la demanda y su contestación eran suficientes para decidir sobre el fondo del asunto. En esta providencia, se rechazó la práctica de nuevas pruebas, incluyendo el interrogatorio de parte solicitado por el municipio, por considerarlas innecesarias, inconducentes y carentes...