Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito general la creación del Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA), un mecanismo que organiza y facilita la gestión social e integral de riesgos agropecuarios. Su objetivo principal es reducir la vulnerabilidad de pequeños productores agropecuarios y sectores afines frente a amenazas de diverso origen, fortaleciendo así sus condiciones de seguridad alimentaria y calidad de vida. La iniciativa responde a mandatos constitucionales y legales relacionados con la protección del campesinado y la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.
Innovaciones y medidas específicas propuestas
El IIGRA introduce un enfoque integral que combina diversos componentes estratégicos para la gestión de riesgos agropecuarios:
- Acompañamiento técnico: Capacitación continua y orientación a organizaciones de pequeños productores para reducir vulnerabilidades ante amenazas agroclimáticas, sanitarias, financieras y de mercado. Se promoverá la elaboración participativa de planes de gestión de riesgos.
- Fomento al ahorro: Incentivos proporcionales al ahorro aportado por las organizaciones para fomentar la cultura del ahorro, facilitando la adopción de medidas de prevención y mitigación de daños en sus sistemas productivos.
- Fomento a la transferencia de riesgos: Apoyo financiero para el pago de primas de seguros agropecuarios u otros instrumentos que permitan compartir o delegar la responsabilidad financiera frente a daños o pérdidas.
- Fomento a la inclusión crediticia: Subsidios a la tasa de interés y estímulos a la inversión y buen pago, orientados a pequeños productores, con el fin de facilitar el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
Estas medidas serán implementadas a través del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, administrado por FINAGRO, con la regulación y seguimiento de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que establecerá los términos y condiciones aplicables al IIGRA.
Impacto y alcance potencial
Se espera que la implementación del IIGRA contribuya a la democratización de la gestión de riesgos agropecuarios, promoviendo la resiliencia de pequeños productores y sus organizaciones frente a múltiples amenazas. El incentivo busca fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida en zonas rurales, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la política de soberanía alimentaria. Además, fomenta la adopción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, la transferencia tecnológica y la inclusión financiera, lo que puede traducirse en una mayor productividad y competitividad del sector agropecuario.
Participación de actores clave y fuentes de financiación
El proyecto establece que el IIGRA será dirigido a organizaciones o esquemas asociativos de pequeños productores de los sectores agropecuarios, piscícolas, apícolas, avícolas, porcícolas, forestales, acuícolas, zoocría, pesqueros y afines. La coordinación estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la participación de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario como organismo rector del financiamiento y la gestión de riesgos.
En cuanto a la financiación, el IIGRA podrá contar con recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, créditos internos, donaciones y aportes de organismos nacionales e internacionales, así como recursos transferidos de entidades públicas y privadas para su implementación.
Seguimiento y disposiciones finales
El seguimiento técnico y financiero del IIGRA estará a cargo de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme a normativas vigentes. Además, se establece la obligación de que las entidades del sector agropecuario incorporen la gestión del riesgo en sus proyectos de inversión pública, promoviendo la protección de las actividades financiadas mediante el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y el IIGRA.
Finalmente, el proyecto deroga la resolución anterior relacionada y establece que entrará en vigencia a partir de su expedición, consolidando así un marco normativo actualizado para la gestión de riesgos en el sector agropecuario, que permitirá una mayor protección y desarrollo sostenible para los pequeños productores y sus comunidades.
