Propósito general y objetivo principal del proyecto
El proyecto de resolución tiene como propósito adoptar el ciclo de gobernanza regulatoria en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este marco de referencia busca organizar y fortalecer la gestión normativa del Ministerio en la formulación, implementación y evaluación de actos administrativos relacionados con el sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural. El objetivo principal es promover la eficiencia, transparencia, participación ciudadana y calidad técnica y jurídica en la producción normativa, contribuyendo al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de los derechos de los campesinos, pequeños y medianos productores.
Nuevas disposiciones y mecanismos propuestos
El proyecto establece un proceso normativo estructurado en siete etapas:
- Planeación: Identificación de necesidades y elaboración anual de una agenda regulatoria sujeta a consulta pública.
- Diseño del proyecto de acto administrativo: Análisis detallado del problema a resolver, justificación, objetivos y beneficios, incorporando metodologías que evidencien la pertinencia regulatoria.
- Redacción: Formulación de disposiciones normativas bajo lineamientos técnicos y jurídicos, incluyendo lenguaje claro y enfoque diferencial.
- Consulta pública: Espacio para la participación e incidencia de ciudadanos y grupos de interés en el diseño normativo, utilizando plataformas digitales oficiales.
- Revisión: Evaluación técnica y jurídica por entidades competentes, incluyendo conceptos de órganos como la Superintendencia de Industria y Comercio y otras carteras ministeriales.
- Publicación: Difusión obligatoria de los actos administrativos en el Diario Oficial y otros canales oficiales, garantizando su autenticidad e integridad.
- Seguimiento y monitoreo: Implementación de metodologías para evaluar la incidencia y efectividad de las regulaciones expedidas.
Además, se establecen medidas para la publicidad de actos administrativos, incluyendo la divulgación en redes sociales con herramientas accesibles y la posibilidad de traducciones en lenguas o dialectos diferentes al castellano, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de los sujetos regulados.
Medidas específicas sobre consulta pública y transparencia
Se definen los actos administrativos que serán sometidos a consulta pública, entre ellos proyectos de regulación con o sin firma presidencial, regulaciones de contenido general y abstracto, y aquellos que impliquen transferencia de recursos públicos, salvo excepciones legales. El plazo general para la consulta será de 15 días calendario, con posibilidad de reducción justificada a no menos de 5 días.
Durante la consulta, podrá incorporarse propuestas de traducción o interpretación en diferentes lenguas o dialectos, reflejando el interés de la ciudadanía sin constituir versiones oficiales. Tras la consulta, la Oficina Asesora Jurídica coordinará la respuesta formal a los comentarios recibidos, asegurando rigurosidad técnica y jurídica.
Impacto esperado y actores involucrados
El proyecto busca promover un marco regulatorio eficaz, eficiente, transparente y coherente que facilite la participación ciudadana y garantice la protección de derechos, especialmente de campesinos, comunidades étnicas y pequeños productores. Se espera contribuir a la soberanía alimentaria, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector rural, alineado con los principios constitucionales y acuerdos internacionales ratificados por el país.
El proceso involucra a las direcciones técnicas del Ministerio, la Oficina Asesora Jurídica, entidades de control, y la sociedad civil, mediante mecanismos de consulta pública y divulgación. La Secretaría General y el Grupo de Prensa y Comunicaciones participan en la publicación y difusión de los actos administrativos para garantizar su accesibilidad.
Alcance normativo y vigencia
La resolución regirá a partir de su publicación y derogará normas anteriores contrarias. Se incorpora en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, fortaleciendo así la política de mejora normativa interna del Ministerio. Esta iniciativa se alinea con la estrategia nacional de seguridad jurídica y busca optimizar la calidad normativa para atender las necesidades del sector agropecuario y rural de manera inclusiva y participativa.
Con la adopción de este ciclo de gobernanza regulatoria, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural espera construir un ambiente normativo más transparente, participativo y eficiente que impulse el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades rurales y productoras del país.
