Contexto y tribunal competente

El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Dos Especial de Decisión, emitió un auto el 25 de septiembre de 2025 en el trámite de un recurso extraordinario automático de revisión. Este mecanismo judicial se activa de manera automática frente a sanciones disciplinarias de suspensión e inhabilidad impuestas a servidores públicos de elección popular, con el fin de garantizar la reserva judicial y el control previo a la imposición definitiva de sanciones que afectan derechos políticos. La providencia se pronuncia sobre la legalidad y competencia en el proceso disciplinario seguido contra un concejal municipal de La Apartada (Córdoba).

Antecedentes fácticos y procesales

El concejal municipal, en su condición de presidente del concejo, fue sancionado con suspensión e inhabilidad especial por 13 meses debido a la expedición individual de actos administrativos relacionados con la convocatoria y reglamentación de un concurso de méritos para la elección de personero municipal, sin la participación de los demás integrantes de la mesa directiva de la corporación. Esta conducta fue calificada como falta grave a título de dolo, por vulnerar principios como el debido proceso y la moralidad administrativa. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Montería impuso la sanción en primera instancia, confirmada posteriormente por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Córdoba. Sin embargo, en el trámite de apelación y juzgamiento, se evidenció que el proceso no respetó las reglas de competencia funcional establecidas en el Código General Disciplinario (CGD) modificado por la Ley 2094 de 2021, ya que el recurso fue resuelto por un funcionario no competente para juzgar a servidores públicos...