Propósito General del Proyecto de Resolución

El proyecto de resolución busca sustituir el Título 6 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, que regula los incentivos y apoyos directos a los productores agropecuarios, pesqueros y de acuicultura, conforme al artículo 7 de la Ley 101 de 1993. Su finalidad principal es establecer un marco normativo actualizado que permita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgar estos incentivos en cumplimiento de los principios constitucionales y legales vigentes, especialmente en atención a la protección y desarrollo del campesinado y pequeños y medianos productores.

Objetivo Principal y Beneficios

El objetivo fundamental del proyecto es superar progresivamente las desigualdades en el sector rural, promoviendo una distribución equitativa de cargas y beneficios entre los actores con posiciones asimétricas. Además, se busca estimular la asociatividad de pequeños y medianos productores como agentes activos de su propio desarrollo. Los beneficios están dirigidos principalmente a productores rurales, campesinos, mujeres rurales, jóvenes, víctimas del conflicto armado, y otros grupos en situación de vulnerabilidad, favoreciendo la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el mantenimiento de la paz social en las zonas rurales.

Nuevas Disposiciones y Mecanismos Introducidos

Entre las novedades, el proyecto establece categorías claras de beneficiarios según su tamaño productivo y condiciones socioeconómicas, definiendo límites específicos de patrimonio e ingresos para pequeños y medianos productores. También introduce un enfoque diferencial para priorizar grupos como mujeres rurales, jóvenes, víctimas del conflicto armado, personas vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos, población LGBTIQ+, entre otros. El proyecto contempla tres grandes líneas para la entrega de incentivos y apoyos:

• Protección de recursos naturales: Se otorgarán incentivos a quienes implementen prácticas agroambientales sostenibles, como manejo eficiente del agua, conservación de suelos y biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.
• Protección del ingreso rural: Se apoyará a productores afectados por oscilaciones severas en precios, caída de ingresos, o fallas de mercado que limiten su participación y sostenibilidad económica.
• Mantenimiento de la paz social: Se brindarán apoyos a iniciativas que fortalezcan la construcción y mantenimiento del tejido social, reparación y reincorporación de personas afectadas por el conflicto armado.

Además, se establece la obligación para los beneficiarios de comprometerse con planes de ordenamiento productivo y criterios de seguimiento, con la posibilidad de condicionar desembolsos al cumplimiento de indicadores específicos.

Medidas Específicas y Regulaciones

El proyecto define requisitos claros para acceder a los incentivos, como la inscripción en la plataforma “Mi Registro Rural”, presentación de información financiera, y en caso de esquemas asociativos, la inscripción individual de sus integrantes y certificación legal vigente. Se prohíbe la postulación simultánea a más de un incentivo y la concurrencia entre personas naturales dentro de un mismo esquema asociativo. Asimismo, se establece que al menos el 30% del presupuesto destinado a incentivos debe asignarse a beneficiarios priorizados bajo el enfoque diferencial. El Ministerio operará los incentivos directamente o a través de entidades adscritas, buscando eficiencia y reducción de costos, y podrá establecer estructuras moduladas de corresponsabilidad con contrapartidas.

Impacto y Alcance Potencial

Este proyecto tiene el potencial de fortalecer la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental, al promover prácticas agropecuarias sostenibles y mejorar la capacidad productiva de pequeños y medianos productores en zonas rurales vulnerables. Además, contribuye al mantenimiento de la paz social mediante el apoyo a proyectos de reparación y reincorporación en áreas afectadas por el conflicto armado. La regulación precisa y el enfoque diferencial buscan reducir las asimetrías y fomentar la equidad en el sector agropecuario.

Participación de Actores Clave

La implementación del proyecto involucra directamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sus entidades adscritas y vinculadas, productores agropecuarios, organizaciones campesinas, asociaciones, cooperativas y demás esquemas asociativos reconocidos en la legislación. También contempla la participación de entidades públicas nacionales y territoriales en la cofinanciación y ejecución de los incentivos, así como la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar el cumplimiento de estándares de competencia y normatividad internacional. El proyecto fue sometido a consulta pública mediante el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), permitiendo la intervención de la ciudadanía y grupos de interés en su revisión y perfeccionamiento.