Contexto y entidades emisoras
La Resolución número 20253040040455 fue expedida por el Ministerio de Transporte el 3 de octubre de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.262. Esta medida se fundamenta en las facultades legales conferidas al Ministerio por la Ley 105 de 1993, modificada por la Ley 787 de 2002, el Decreto 087 de 2011, y otros decretos relacionados con la estructura y funciones del Ministerio y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La ANI, como entidad encargada de la gestión y supervisión de concesiones viales, participó activamente en la propuesta y análisis técnico que sustentó la resolución.
Motivo y destinatarios de la medida
La resolución responde a la emergencia presentada el 6 de septiembre de 2025, cuando un deslizamiento afectó gravemente la vía Bogotá - Villavicencio en el sector K18+600, obligando al cierre total del corredor vial. Esta situación generó importantes repercusiones en la movilidad, el transporte de carga, el abastecimiento de alimentos y el costo de productos perecederos, afectando tanto a usuarios particulares, transportistas y comunidades locales como a la economía regional y nacional. Por ello, la medida está dirigida a todos los vehículos que transitan por las estaciones de peaje mencionadas, buscando aliviar el impacto económico derivado de la emergencia.
Objetivo de la resolución
El principal objetivo es establecer tarifas temporales diferenciadas en las estaciones de peaje Boquerón I, Boquerón II, Puente Quetame (Naranjal) y Pipiral, bajo el Contrato de Concesión número 005 de 2015, para mitigar los efectos económicos negativos causados por la emergencia vial y las restricciones en el paso vehicular. Esto se realiza suspendiendo las tarifas vigentes y aplicando un esquema tarifario especial que estará vigente durante el cierre o hasta que se restablezca el flujo bidireccional seguro en el sector afectado.
Decisiones y regulaciones principales
- Suspensión inmediata del cobro de las tarifas establecidas en resoluciones previas para todas las categorías vehiculares en las estaciones de peaje señaladas.
- Aplicación de tarifas diferenciales temporales para todas las categorías vehiculares durante el periodo de emergencia.
- Establecimiento de un plazo máximo de vigencia de dos meses para estas tarifas temporales, o hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura certifique la habilitación del paso vehicular bidireccional en el sector K18.
- Reanudación automática de las tarifas originales una vez cumplidas las condiciones de temporalidad.
Base legal y antecedentes
La resolución se fundamenta en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 y sus modificaciones, que regulan el cobro de peajes y tarifas para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial nacional. También se apoyó en el Decreto 087 de 2011 para definir las competencias del Ministerio de Transporte, y en el Decreto 4165 de 2011 que regula la Agencia Nacional de Infraestructura. Además, toma en cuenta la declaración de calamidad pública por parte de la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Chipaque debido a la emergencia vial. La medida actual modifica temporalmente las tarifas establecidas en resoluciones anteriores de 2015 y 2025 relacionadas con el Contrato de Concesión número 005 de 2015.
Impacto y seguimiento
Esta resolución busca minimizar los costos sociales y económicos derivados del cierre parcial y restricciones en la vía Bogotá - Villavicencio, facilitando la movilidad y el transporte de carga vital para la región y el país. La Agencia Nacional de Infraestructura será responsable de verificar la situación del corredor vial y comunicar la finalización de la medida. La Oficina de Regulación Económica del Ministerio emitió concepto favorable, recomendando además que se garantice la compensación económica para el concesionario afectado y se mantenga informada a la comunidad sobre las tarifas y su aplicación.
En síntesis, esta medida temporal representa una respuesta administrativa ágil y coordinada frente a una situación de emergencia que afecta una vía estratégica para la movilidad y la economía nacional, ajustando las tarifas para aliviar la carga financiera sobre los usuarios mientras se restablecen las condiciones normales de tránsito. Se espera que, una vez superada la emergencia y restablecido el paso vehicular seguro, las tarifas vuelvan a su estado habitual, garantizando la sostenibilidad del contrato de concesión y la continuidad en la prestación del servicio vial.