Contexto y antecedentes del caso

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en respuesta a un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 19 de diciembre de 2024. La controversia surgió a raíz de una demanda presentada contra un hospital público de Medellín por parte de una auxiliar de enfermería que prestó servicios profesionales mediante contratos de prestación de servicios celebrados a través de cooperativas y un sindicato. La demandante solicitó la declaración de existencia de una relación laboral subordinada desde 2007 hasta 2014, con reconocimiento de salarios, prestaciones sociales y nivelación salarial a partir de 2014. Alegó que los contratos de prestación de servicios fueron utilizados para encubrir un vínculo laboral, argumentando la existencia de subordinación, continuidad y dependencia, además de la falta de pago de horas extras y recargos. El Juzgado 12 Administrativo de Oralidad de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia negaron las pretensiones, concluyendo que no se acreditaron los elementos esenciales de una relación laboral.

Fundamentos del recurso extraordinario

El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuestionaba la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, argumentando que ésta contradecía una sentencia de unificación previa del Consejo de Estado de 2021. Se alegó que:

• Los contratos de prestación de servicios fueron continuos y excedieron el carácter temporal y excepcional.
• No se valoró correctamente el elemento de subordinación, pues se centró en quién celebró los contratos y quién efectuó el pago, ignorando que el pago constante y por el servicio prestado es lo relevante.
• Se desconoció el principio de primacía de la realidad sobre las formas, privilegiando aspectos formales por encima de la realidad laboral.
• Se cuestionó la falta de aplicación de la jurisprudencia en materia de nivelación salarial, aunque no existe aún sentencia de unificación sobre este punto.

Consideraciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo

El Consejo de Estado recordó que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene por objeto garantizar la unidad en la interpretación y aplicación del derecho mediante la aplicación uniforme de las sentencias de unificación jurisprudencial. Este recurso procede únicamente cuando la providencia impugnada contradice expresamente una sentencia de unificación del Consejo de Estado y exige el cumplimiento estricto de requisitos formales y sustanciales. Al analizar el recurso, la Sala concluyó que:

• El recurso no cumple con los requisitos legales, pues no se enfoca en demostrar la contradicción con una sentencia de unificación, sino en cuestionar la valoración probatoria realizada por el tribunal de origen.
• La sentencia de unificación invocada establece reglas sobre temporalidad de contratos, prescripción y devolución de aportes al sistema de salud, pero no sobre la metodología para valorar la existencia de relación laboral.
• La providencia cuestionada realizó un análisis probatorio exhaustivo, concluyendo que la prestación del servicio fue autónoma y sujeta únicamente a protocolos de atención, sin presencia de subordinación laboral.
• El recurso intenta revertir criterios de valoración probatoria, lo cual excede el ámbito de procedencia de este recurso extraordinario.
• La jurisprudencia citada sobre nivelación salarial no corresponde a una sentencia de unificación aplicable para este recurso.

Por lo anterior, el Consejo de Estado rechazó de plano el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y decidió no imponer condena en costas.

Importancia de la decisión

Esta providencia reafirma los límites del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el sistema contencioso administrativo y la importancia de respetar la valoración probatoria realizada por los tribunales administrativos en la configuración de relaciones laborales encubiertas. Además, destaca la necesidad de que los recursos de este tipo se basen en una contradicción clara y directa con sentencias de unificación jurisprudencial, garantizando así la seguridad jurídica y la uniformidad en la interpretación del derecho. En conclusión, la decisión fortalece los criterios para evaluar la existencia de relaciones laborales encubiertas en el sector salud y confirma que la simple presentación de contratos de prestación de servicios no es suficiente para declarar la existencia de un vínculo laboral cuando no se acreditan los elementos esenciales de subordinación y dependencia. Esto aporta certeza jurídica tanto para las entidades públicas como para los trabajadores que prestan servicios en condiciones especiales dentro del régimen administrativo.