Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, como máxima autoridad en la jurisdicción contenciosa administrativa, conoció la demanda en segunda instancia mediante un auto emitido por la Sección Quinta de esta corporación. La demanda fue presentada por un particular que impugnó la elección de un magistrado de la Corte Constitucional, alegando la nulidad del acto administrativo de designación por presuntas irregularidades que afectarían la transparencia, moralidad e imparcialidad del proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda solicitó declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Acta de Plenaria del Senado de la República que designó al magistrado para un período constitucional de ocho años. Se fundamentó en posibles vulneraciones a varios artículos de la Constitución Política, entre ellos los relacionados con la supremacía constitucional, la independencia judicial y los principios del Estado Social de Derecho, además de normas internacionales sobre derechos humanos. Como medida cautelar, se pidió la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado para evitar daños irreparables al orden jurídico y al interés público. Inicialmente, el despacho judicial adecúo el medio de control invocado y inadmitió la demanda por incumplimiento de requisitos formales, otorgando un plazo para subsanar las deficiencias señaladas, que incluían la correcta identificación de la parte demandada y la aportación de copia del acto administrativo impugnado con sus constancias de publicación.

Consideraciones jurídicas y decisión

El auto destaca la importancia de las reglas procesales que equilibran la iniciativa del juez y las cargas de las partes en el trámite judicial. En particular, se enfatiza que la subsanación de la demanda es una obligación del demandante para garantizar...