Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue emitida por la Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La materia de fondo versa sobre el reconocimiento de la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la bonificación judicial regulada en el Decreto 382 de 2013. El proceso se originó a partir de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que negó el reconocimiento de estos beneficios salariales a la demandante. El Tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones, decisión que fue apelada por la parte demandada.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante solicitó la nulidad de actos administrativos mediante los cuales la Fiscalía negó la inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación judicial como factores salariales plenos. Tras la sentencia favorable en primera instancia, la Fiscalía interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado. El recurso fue asignado a un consejero de Estado quien, posteriormente, manifestó impedimento para conocer el caso, argumentando que su cónyuge actúa como apoderada en otros procesos ante la misma corporación, relacionados con el mismo objeto jurídico que se debate en el presente asunto.

Análisis y consideraciones jurídicas

La Subsección B del Consejo de Estado asumió competencia para resolver la manifestación de impedimento, conforme al numeral 3 del artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El régimen de...