Contexto y antecedentes del caso

En junio de 2021, la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado emitió una sentencia en un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida por una comunidad negra afectada por el vertimiento de sedimentos al río Anchicayá, producto de actividades de mantenimiento de una hidroeléctrica. La acción judicial buscaba la reparación integral de los perjuicios sufridos por los habitantes de la zona. En ese fallo, la Sala unificó criterios jurisprudenciales relacionados con la acción de grupo, estableciendo pautas para la identificación y individualización de los afectados, el tratamiento de la indemnización colectiva conforme a la Ley 472 de 1998, y las competencias de la Defensoría del Pueblo como administradora del Fondo para la Defensa de Derechos Colectivos. Se condenó patrimonialmente a la empresa energética, la corporación autónoma regional y el Ministerio de Ambiente, fijando un monto global inicial de indemnización de aproximadamente 198.554 millones de pesos, basado en un universo estimado de 3.068 beneficiarios. Posteriormente, en junio de 2023, se corrigió la sentencia para ajustar errores técnicos relacionados con el índice de precios al consumidor (IPC) y la tasa de interés legal aplicable, modificando la cuantía reconocida a los integrantes del grupo.

Solicitud de aclaración y razones de la Sala

En junio de 2025, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo solicitó una aclaración oficiosa sobre el fallo, argumentando que el universo de beneficiarios reconocidos había aumentado a 6.813 personas, generando incertidumbre sobre la distribución equitativa de la indemnización colectiva. Existían interpretaciones divergentes: una que sugería dividir el...