Contexto y antecedentes del caso

En junio de 2021, la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado emitió una sentencia en un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida por una comunidad negra afectada por el vertimiento de sedimentos al río Anchicayá, producto de actividades de mantenimiento de una hidroeléctrica. La acción judicial buscaba la reparación integral de los perjuicios sufridos por los habitantes de la zona. En ese fallo, la Sala unificó criterios jurisprudenciales relacionados con la acción de grupo, estableciendo pautas para la identificación y individualización de los afectados, el tratamiento de la indemnización colectiva conforme a la Ley 472 de 1998, y las competencias de la Defensoría del Pueblo como administradora del Fondo para la Defensa de Derechos Colectivos. Se condenó patrimonialmente a la empresa energética, la corporación autónoma regional y el Ministerio de Ambiente, fijando un monto global inicial de indemnización de aproximadamente 198.554 millones de pesos, basado en un universo estimado de 3.068 beneficiarios. Posteriormente, en junio de 2023, se corrigió la sentencia para ajustar errores técnicos relacionados con el índice de precios al consumidor (IPC) y la tasa de interés legal aplicable, modificando la cuantía reconocida a los integrantes del grupo.

Solicitud de aclaración y razones de la Sala

En junio de 2025, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo solicitó una aclaración oficiosa sobre el fallo, argumentando que el universo de beneficiarios reconocidos había aumentado a 6.813 personas, generando incertidumbre sobre la distribución equitativa de la indemnización colectiva. Existían interpretaciones divergentes: una que sugería dividir el monto global en partes iguales entre todos los beneficiarios, y otra que proponía diferenciar los valores entre demandantes iniciales y adherentes posteriores. La Sala recordó que el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil permite aclarar conceptos o frases ambiguas en la sentencia, pero no reabrir debates probatorios ni modificar decisiones sustanciales. En este caso, la solicitud no se refería a una duda interpretativa, sino a un hecho sobrevenido (la ampliación del número de beneficiarios), lo cual no puede ser subsanado mediante aclaración. Además, se señaló que la cifra inicial de beneficiarios se basó en la valoración probatoria durante el proceso y que la sentencia aplicó el principio de equidad para establecer una fórmula homogénea de indemnización debido a la imposibilidad de individualizar daños específicos. La Sala enfatizó que, según la Ley 472 de 1998, todos los afectados, ya sea durante el trámite judicial o en la etapa administrativa ante la Defensoría, tienen la misma calidad de víctimas, por lo que no es jurídicamente viable establecer un trato diferenciado en la liquidación. Finalmente, la Sala declaró extemporánea la solicitud, dado que la sentencia quedó ejecutoriada en marzo de 2022 y la petición de aclaración fue presentada en junio de 2025, superando el término legal. También recordó que la revisión sobre la distribución de la condena solo puede hacerse una vez dentro de un plazo de 20 días tras la integración del grupo, plazo que ya venció.

Conclusión de la providencia

En consecuencia, la Sala Primera Especial de Decisión del Consejo de Estado resolvió rechazar por extemporánea la solicitud de aclaración oficiosa presentada por la Defensoría del Pueblo. La providencia reafirma los límites procesales del mecanismo de aclaración y la importancia de respetar la ejecutoria de las sentencias para garantizar la seguridad jurídica en procesos colectivos ambientales. Esta decisión aporta claridad sobre la aplicación del principio de equidad en la indemnización colectiva y confirma que la ampliación del grupo de beneficiarios no puede modificar los parámetros fijados en la sentencia definitiva mediante mecanismos extraordinarios. Así, se garantiza la estabilidad de las decisiones judiciales y se protege el derecho de todas las víctimas afectadas en igualdad de condiciones.

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Consejo de Estado rechaza aclaración oficiosa sobre indemnización colectiva en acción de grupo ambiental

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