Contexto y entidad emisora
La Resolución 019805 fue emitida el 30 de septiembre de 2025 por el Ministerio de Educación Nacional, que ejerce sus facultades constitucionales y legales, principalmente las conferidas por la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001. Esta norma regula el marco tarifario del servicio educativo privado en Colombia para el año escolar que inicia en 2026.
Tema y destinatarios
La resolución establece los criterios para fijar las tarifas de matrícula, pensiones y otros cobros periódicos en establecimientos educativos privados que ofrecen educación preescolar, básica y media. Su destinatario principal son dichos establecimientos y, de manera indirecta, las familias y estudiantes que acceden a este servicio. La regulación es relevante para garantizar transparencia, equidad y calidad en el acceso a la educación privada.
Objetivo de la resolución
El propósito es definir los parámetros que orientan la fijación de los costos educativos en el sector privado para el próximo año académico, asegurando que los incrementos tarifarios respondan a criterios técnicos y sociales. Busca preservar el poder adquisitivo de las familias y promover la mejora continua en la calidad educativa, atendiendo especialmente a la inclusión y a la valoración de la labor docente.
Principales decisiones y regulaciones
Entre las decisiones clave, la resolución:
- Adopta la versión 11 del Manual de Autoevaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados (Guía 4), de obligatorio uso para la fijación de tarifas, a través de la plataforma EVI (Evaluación Institucional y Reporte Financiero).
- Establece los parámetros para el cálculo de incrementos en tarifas, que incluyen: clasificación institucional, índice de precios al consumidor (IPC) con base en un aumento del 5.10% para agosto de 2025, índice de permanencia (que considera tasas de retención y aprobación), estrategias de educación inclusiva para población con discapacidad, y reconocimiento salarial a docentes conforme al Decreto Ley 2277 de 1979.
- Define diferentes regímenes tarifarios (libertad regulada con o sin certificación de calidad, libertad vigilada y régimen controlado) que condicionan los porcentajes máximos de incremento permitidos.
- Dispone que los establecimientos clasificados en régimen controlado deben elaborar planes de mejora para superar las causas de dicha clasificación.
- Permite a los establecimientos otorgar descuentos voluntarios a las familias, debidamente registrados y reportados.
- Regula la retención de certificados de evaluación únicamente en caso de morosidad, sin afectar la participación de los estudiantes en el proceso educativo, garantizando el derecho fundamental a la educación.
- Prohíbe prácticas restrictivas en la solicitud de materiales escolares, evitando la exigencia de proveedores o marcas específicas.
- Establece que las entidades territoriales certificadas en educación son responsables de expedir los actos administrativos para la fijación de tarifas y supervisar el cumplimiento normativo.
Base legal y coordinación normativa
La resolución se fundamenta en la Constitución Política, especialmente en los artículos 67 y 68 que reconocen la educación como derecho fundamental y permiten la existencia de establecimientos educativos privados. Además, se apoya en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la Ley 715 de 2001, y el Decreto número 1075 de 2015, que reglamenta el sector educativo. Incorpora también disposiciones del Decreto Ley 2277 de 1979 sobre escalafón docente y la Ley 1650 de 2013 en materia de retención de documentos por mora.
Modificaciones y vigencia
Esta resolución deroga la anterior Resolución número 016763 de 2024 y entra en vigor al día siguiente de su publicación, estableciendo un marco actualizado y concertado para el sector educativo privado en el 2026. Asimismo, actualiza el Manual de Autoevaluación institucional para dar continuidad a los procesos de evaluación y clasificación.
Impacto potencial
La norma busca equilibrar la sostenibilidad financiera de las instituciones privadas con la protección de los derechos de estudiantes y familias. Al incentivar la educación inclusiva y la mejora continua, así como reconocer la importancia de la labor docente en la estructura salarial, se promueven estándares de calidad y equidad. La clasificación por regímenes tarifarios y la supervisión territorial buscan evitar incrementos arbitrarios y favorecer la transparencia en el sector educativo privado colombiano.
