Entidad emisora, fecha y objeto de la resolución

La Resolución 12573 de 2025 fue expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 2 de octubre de 2025. Su tema central es la declaración de urgencia manifiesta para contratar, de manera directa, los servicios indispensables para la organización y ejecución de las consultas populares, internas e interpartidistas convocadas para el 26 de octubre de 2025. Estas consultas buscan la toma de decisiones o la escogencia de candidatos de partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos.

Destinatarios y relevancia de la resolución

La resolución está dirigida principalmente a la organización electoral y a los partidos políticos, movimientos y grupos ciudadanos con personería jurídica que participarán en las consultas. Este público es relevante porque la adecuada realización de las consultas es fundamental para la democracia participativa, garantizando la transparencia y legitimidad en la selección de candidatos y la toma de decisiones internas.

Objetivo y finalidad

El objetivo de la resolución es permitir que la Registraduría Nacional del Estado Civil realice la contratación directa de una solución integral que abarque aspectos logísticos, informáticos y de servicios para facilitar el proceso electoral de las consultas. Dicha contratación se realiza mediante la figura de urgencia manifiesta, con el fin de asegurar la realización de los comicios en la fecha establecida, evitando demoras que puedan afectar el calendario electoral y los derechos políticos de los ciudadanos.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución declara formalmente la urgencia manifiesta conforme al artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y normativas relacionadas, habilitando la contratación directa para la adquisición de servicios relacionados, entre ellos:

Procesamiento de información de candidatos inscritos.
Solución informática y logística para la asignación de jurados de votación.
Kit electoral y soporte operativo al proceso.
Servicios integrales de procesamiento de datos electorales, comunicaciones, consolidación, infraestructura y seguridad informática.

Además, se ordena iniciar inmediatamente los trámites para la contratación directa y se establece que la supervisión de las labores de seguimiento estará a cargo de los delegados competentes de la Registraduría. La resolución también dispone la organización del expediente administrativo para su control fiscal por parte de la Contraloría General de la República.

Base legal y normativa aplicable

La decisión se fundamenta en diversas normas constitucionales y legales, entre las que destacan:

Artículos 120, 266, 40 y 107 de la Constitución Política de Colombia, que garantizan los derechos políticos y la organización democrática de los partidos.
Decreto Ley 1010 de 2000, Ley 80 de 1993 (artículo 42 sobre urgencia manifiesta), Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que regulan la contratación pública y la organización electoral.
Ley Estatutaria 1475 de 2011, que regula la democracia interna de las organizaciones políticas y las consultas.
Resoluciones del Consejo Nacional Electoral que establecen fechas y procedimientos para las consultas.

Modificación y plazos establecidos

La resolución no modifica ni revoca normativas previas, sino que se inscribe en el marco legal vigente para permitir una contratación excepcional ante la imposibilidad de realizar un proceso ordinario dada la cercanía de la fecha electoral. Se subraya que la disponibilidad presupuestal fue aprobada apenas el 1° de octubre de 2025, lo que imposibilita procedimientos ordinarios de contratación que requieren plazos mayores. Entre los plazos relevantes se destacan:

Fecha	Evento
26 de julio de 2025	Vencimiento para que partidos y grupos comuniquen su decisión de realizar consultas.
26 de septiembre de 2025	Finalización del plazo para inscripción de precandidatos ante la Registraduría.
1° de octubre de 2025	Aprobación de la operación presupuestal para la organización de las consultas.
26 de octubre de 2025	Realización de las consultas populares, internas e interpartidistas.

Impacto potencial

La declaración de urgencia manifiesta y la contratación directa garantizan que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda cumplir con sus funciones constitucionales de organizar estas consultas en tiempo y forma, salvaguardando los principios de transparencia, igualdad y participación política. Esta medida busca evitar cualquier riesgo de afectación al proceso electoral, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a la confianza en las instituciones democráticas.

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Registraduría Nacional declara urgencia manifiesta para contratación de servicios electorales en consultas populares y políticas

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