Tribunal e instancia

La providencia fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un proceso penal instaurado bajo la Ley 906 de 2004, contra el exgobernador del Departamento del Vichada.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó por la acusación contra el exgobernador, quien en ejercicio de su cargo y en el contexto de la declaratoria de urgencia manifiesta por la pandemia de COVID-19, ordenó la celebración de un contrato de compraventa para la adquisición de mercados básicos destinados a población vulnerable en varios municipios del departamento. La celebración del contrato se realizó sin cumplir con los requisitos legales, entre ellos la vulneración del principio de transparencia y la selección objetiva, y con un sobrecosto significativo respecto a la oferta inicial. Además, se detectó que el contratista tenía inhabilidades para contratar con la entidad territorial, debido a aportes realizados a la campaña electoral del exgobernador, lo que afectó la capacidad contractual requerida legalmente. Las autoridades fiscales señalaron que estas irregularidades lesionaron el bien jurídico protegido, la administración pública, y dieron inicio a la investigación penal correspondiente.

Consideraciones de la Sala

La Sala Especial de Primera Instancia analizó las solicitudes de reconocimiento como presuntas víctimas presentadas por la Gobernación del Departamento del Vichada y la Contraloría General de la República. En primer lugar, verificó la representación legal de ambas entidades y la procedencia de su intervención conforme a la normativa aplicable. En relación con la Gobernación, la Sala se apoyó en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, que establece la obligación de constituir...