Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencia se originó en un proceso ejecutivo instaurado por una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, que demandó el pago de obligaciones contenidas en pagarés contra un particular. La demanda fue inicialmente presentada ante un Juzgado Promiscuo Municipal del lugar donde se cumplía la obligación. Sin embargo, dicho juzgado declaró su falta de competencia argumentando que, conforme a la jurisprudencia y el Código General del Proceso (C.G.P.), el proceso debía adelantarse ante los juzgados civiles del domicilio principal de la entidad demandante. Posteriormente, el expediente fue trasladado a un Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple en la capital del país, que libró mandamiento de pago y adoptó medidas cautelares. No obstante, ante la solicitud de control de legalidad presentada por la entidad demandante, que defendió la competencia del juzgado del municipio donde se cumplía la obligación y donde tenía una sucursal, este juzgado dejó sin efecto sus providencias y rehusó la competencia. Ante esta colisión, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para dirimir la controversia.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural recordó que la competencia judicial se determina a partir de diversos factores, entre ellos el subjetivo, objetivo y territorial, y que existen reglas que establecen fueros concurrentes o privativos. En particular, el numeral 10º del artículo 28 del C.G.P. establece que en procesos contenciosos en que sea parte una entidad pública o descentralizada por servicios, conocerá privativamente el juez del domicilio de dicha entidad. La Corte destacó que esta regla otorga...