Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto de competencia surgió entre el Juzgado Promiscuo Municipal de un municipio en Santander y el Juzgado Veintitrés de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. La entidad pública, a través de apoderado judicial, instauró una demanda ejecutiva contra un particular para exigir el pago de un capital incorporado en un pagaré, junto con los intereses correspondientes. Inicialmente, la demanda fue presentada ante el juzgado del municipio en Santander, basado en el lugar de cumplimiento de la obligación y la cuantía. Sin embargo, esa autoridad judicial declaró su falta de competencia, señalando que, tratándose de una entidad pública, la competencia correspondía privativamente a los juzgados civiles municipales de Bogotá. Posteriormente, el juzgado civil municipal de Bogotá también se declaró incompetente por razón de la cuantía, remitiendo el asunto a los juzgados de pequeñas causas, que a su vez declinaron competencia señalando que el proceso debía tramitarse en Santander, lugar del domicilio del demandado y del establecimiento del banco vinculado al crédito. Ante esta discrepancia, se planteó un conflicto negativo de competencia que fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para su definición.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema, como superior funcional común de los juzgados involucrados, analizó el conflicto atendiendo a las normas del Código General del Proceso y la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 1285 de 2009. En primer término, se recordó que la competencia judicial puede asignarse mediante diversos factores, entre ellos el territorial y el subjetivo, este último basado...