Providencia judicial y tribunal competente

La decisión corresponde a una sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un recurso de impugnación especial presentado contra una sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. La Sala ejerció su competencia conforme a lo establecido en la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal, analizando los recursos planteados por la defensa de los acusados.

Antecedentes fácticos y procesales

En el caso se investigó la celebración, ejecución y liquidación de una orden de servicios suscrita en octubre de 2007, cuyo objeto era la ampliación de la cobertura de energía eléctrica para veinte usuarios en una vereda rural. El exalcalde, en ejercicio de sus funciones como ordenador del gasto, y el jefe de la unidad de servicios públicos, junto con el contratista, suscribieron y supervisaron el contrato con un valor aproximado de diez millones de pesos colombianos y un plazo de ejecución de 21 días. Durante la liquidación contractual, realizada 22 días después de la suscripción del contrato, no se verificó el cumplimiento total del objeto contractual. En particular, no se instalaron las acometidas eléctricas para la mayoría de los predios, dado que muchos no contaban con las construcciones necesarias para tal fin, y la empresa suministradora del servicio de energía no había desarrollado las redes externas en la época prevista. A pesar de ello, se pagó la totalidad del contrato y se firmaron actas con información que no correspondía a la realidad de la ejecución. Procesalmente, los acusados fueron imputados en 2012 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Tras varias audiencias y una sentencia absolutoria en primera instancia, el Tribunal Superior revocó dicha absolución y condenó a los responsables, imponiendo penas privativas de libertad, inhabilitación para ejercer funciones públicas y multas. La defensa interpuso recurso de impugnación especial ante la Corte Suprema.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal analizó exhaustivamente la prueba rendida y los argumentos de las partes. En primer lugar, negó la prescripción de la acción penal por falsedad ideológica, en concordancia con la jurisprudencia vigente que establece que el término prescriptivo se suspende con la adopción de la sentencia de segunda instancia. Respecto a los delitos, la Corte reiteró los elementos típicos:

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: El servidor público que en el trámite, celebración o liquidación de un contrato omite los requisitos legales esenciales con dolo.
Peculado por apropiación: La apropiación indebida por parte del servidor público de bienes o recursos públicos bajo su administración en provecho propio o de terceros.
Falsedad ideológica en documento público: La consignación dolosa de información falsa en documentos públicos con aptitud probatoria.

En el análisis del caso, se concluyó que el exalcalde no realizó las verificaciones necesarias en la etapa de liquidación contractual y ordenó el pago total a pesar del incumplimiento parcial del contratista. El jefe de la unidad de servicios públicos, como supervisor, certificó falsamente la ejecución del contrato en documentos públicos. Por ello, se confirmaron las condenas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado para el exalcalde, y por falsedad ideológica para el supervisor. Sin embargo, se revocó la condena por falsedad ideológica contra el exalcalde, debido a que no se formuló acusación específica en su contra por ese delito, y se procedió a redosificar la pena privativa de libertad y la inhabilitación para este funcionario.

Modificaciones a la ejecución penal

La Sala concedió la prisión domiciliaria al jefe de la unidad de servicios públicos, al cumplir con los requisitos legales para esta medida sustitutiva: pena mínima inferior...

CONTACTO

NUESTRO GRUPO

Corte Suprema confirma condenas por incumplimiento contractual y peculado en municipio de Cundinamarca

Providencia judicial y tribunal competente

Antecedentes fácticos y procesales

Más noticias sobre Derecho Penal