Contexto y entidad emisora del proyecto

El proyecto de decreto, anunciado en 2025 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, plantearía una modificación al Decreto 1068 de 2015. Esta norma busca actualizar el marco regulatorio para organizaciones de la economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito, incluyendo cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, las cuales se encuentran supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria). El proyecto respondería a un diagnóstico realizado en la Hoja de Ruta para el sector de ahorro y crédito de la economía solidaria, publicado en septiembre de 2022 por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).

Propósito principal y grupos afectados

El propósito central del proyecto sería establecer condiciones mínimas de idoneidad para el uso de CSC, ECC y AE, así como reglamentar la prestación de servicios financieros a través de corresponsales y el uso de red. Estas figuras permitirían a las organizaciones del sector optimizar la gestión de riesgos, fortalecer operaciones y cumplir con las reglas prudenciales. Los beneficiarios directos serían las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, fondos de empleados y asociaciones mutuales con ahorro y crédito, con especial atención a las entidades más pequeñas que enfrentan limitaciones técnicas y económicas.

Modificaciones y medidas específicas propuestas

El proyecto introduciría un nuevo Título 15 en la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, dedicado a establecer reglas para el uso de CSC, ECC y AE. Entre las disposiciones se incluirían:

Definiciones claras para CSC, ECC y AE, enfocadas en su aplicación dentro del sector solidario.
Actividades autorizadas para gestión de riesgos, soporte operativo, auditoría interna, evaluación de planes estratégicos, análisis de datos y otros procesos clave.
Criterios de idoneidad para que las estructuras o personas que presten estos servicios cuenten con personal calificado, capacidad económica y tecnológica suficiente.
Obligatoriedad para las organizaciones de reportar a la Supersolidaria información detallada sobre los CSC, ECC y AE que utilicen, incluida su denominación, servicios ofrecidos, tipo de contratos y certificaciones de calidad.
Publicación semestral por parte de la Supersolidaria de informes estadísticos sobre el uso de estas figuras en el sector.
Facultades para que el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) establezca mecanismos que faciliten o flexibilicen el cumplimiento de obligaciones para organizaciones que usen estas estructuras.
Establecimiento de responsabilidades claras para las organizaciones frente al uso de CSC, ECC y AE, asegurando que no se trasladen funciones o riesgos y que se mantenga la responsabilidad legal directa.
Regulación del uso de corresponsales para fondos de empleados, facilitando la prestación de servicios financieros a través de terceros que actúen bajo autorización y responsabilidad de la organización.
Incorporación de la figura de uso de red entre organizaciones de la economía solidaria, permitiendo compartir infraestructura y canales para la promoción y gestión de operaciones autorizadas.
Un régimen de transición con plazos específicos para la implementación de las disposiciones, emisión de instrucciones por parte de la Supersolidaria y ajustes regulatorios internos en las organizaciones.

Participación y roles de actores clave

La Superintendencia de la Economía Solidaria tendría un rol fundamental en la supervisión, autorización y emisión de instrucciones generales para la aplicación del decreto. Además, dispondría de la información reportada para facilitar la supervisión y transparencia en el sector. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) estaría facultado para establecer incentivos regulatorios y mecanismos que faciliten el acceso y uso de las figuras de apoyo, en especial para cooperativas y fondos de empleados que fortalezcan sus estructuras de gestión de riesgos. El proyecto también reconoce la importancia de la participación activa de gremios, asociaciones de segundo y tercer grado, y otros organismos de la economía...

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Proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda busca fortalecer regulación de centros de servicios compartidos en la economía solidaria

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