Objetivo y ámbito del proyecto
El Proyecto de Ley 382 de 2025 tiene como finalidad principal que el Estado asuma integralmente el deber de memoria y esclarecimiento de la verdad frente al conflicto armado interno en Colombia. El ámbito de aplicación es social y político, con un enfoque en derechos humanos, justicia transicional y reparación simbólica. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de radicación para su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde será discutido en comisiones, seguido de debates en plenaria, y eventualmente, conciliación y sanción presidencial.
Contexto de la propuesta
Este proyecto surge ante la prolongada historia de violencia interna en Colombia, que ha dejado millones de víctimas y generado un vacío en el reconocimiento simbólico y la memoria colectiva. Se busca enfrentar lo que se denomina “crimen hermenéutico”, es decir, la invisibilización y negación del sufrimiento de las víctimas, y la imposición de relatos oficiales únicos que excluyen la pluralidad de memorias. Además, la persistencia de violencia armada y la fragmentación del conflicto tras la dejación de armas de la guerrilla han evidenciado la necesidad de fortalecer un marco jurídico que garantice la verdad, la dignificación y la no repetición.
Contenido clave del proyecto
El proyecto se estructura en once artículos y un artículo de vigencia, que establecen:
- El deber permanente del Estado de mantener viva la memoria histórica como reconocimiento y justicia para todas las víctimas del conflicto armado, y la lucha contra el negacionismo.
- Una definición amplia de víctimas que incluye a víctimas directas, sobrevivientes, familiares y resistencias no violentas, reconociéndolas como agentes políticos con capacidad de incidencia social.
- Mandatos generales para las entidades públicas, basados en principios como la supremacía de las víctimas, dignificación, justicia prospectiva, pedagogía, pluralidad y enfoque diferencial.
- Una caracterización amplia de actos y manifestaciones de memoria histórica, desde ceremonias y monumentos hasta producción cultural, archivos, fechas simbólicas y expresiones comunitarias.
- La formulación de una política pública de memoria, verdad y justicia histórica liderada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con énfasis en participación activa y protección de testimonios.
- La autorización para que las entidades públicas asignen recursos para la promoción y sostenibilidad de actos y proyectos de memoria histórica, en articulación con el CNMH.
- La creación de Reconocimientos Nacionales de Memoria y Solidaridad con las Víctimas, otorgados anualmente para exaltar iniciativas destacadas.
- La creación de la Cátedra de Memoria, Dignificación y Solidaridad con las Víctimas, integrada en el sistema educativo para fomentar reflexión crítica y empatía.
- El fortalecimiento institucional del CNMH, garantizando su autonomía y pluralidad en su consejo directivo, con representación de víctimas nacionales y en el exterior, y organizaciones de derechos humanos.
- Medidas especiales para proteger a las víctimas de actos de revictimización, garantizar su participación incidente en políticas públicas y facilitar acceso a espacios y recursos para actos de memoria.
Impacto potencial y debate
De aprobarse, esta ley representaría un avance significativo en el reconocimiento institucional y social de las víctimas del conflicto armado, consolidando la memoria histórica como un bien colectivo y herramienta de justicia y no repetición. Su enfoque plural e inclusivo busca superar la imposición de relatos únicos y promover la participación efectiva de diversos sujetos de memoria.
Sin embargo, el proyecto también puede generar debates en torno a la asignación y sostenibilidad de recursos públicos, la autonomía y el papel del CNMH, y la manera en que se equilibran las distintas narrativas en un país aún marcado por divisiones políticas y sociales. Algunos sectores podrían cuestionar el alcance del reconocimiento a ciertos actores o el énfasis en aspectos simbólicos frente a otras formas de reparación.
Comparación con legislaciones similares
En el plano internacional, el proyecto se alinea con estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la justicia transicional, que reconocen el derecho a la verdad, la reparación simbólica y la garantía de no repetición. La creación de políticas públicas integrales de memoria y la participación activa de víctimas son prácticas comunes en países que han enfrentado conflictos internos, como Sudáfrica, Chile o Argentina, aunque cada contexto presenta particularidades en su diseño institucional y alcance normativo.
En síntesis, el Proyecto de Ley 382 de 2025 Cámara propone un marco jurídico robusto para preservar la memoria histórica en Colombia, garantizando la dignidad de las víctimas y promoviendo una justicia histórica integral. Su discusión en el Congreso será clave para definir el rumbo de la política pública de memoria y verdad en el país, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, reconciliada y consciente de su pasado.
