Contexto y finalidad del Decreto 1091 de 2025
El Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto 1091 de 2025, publicado en el Diario Oficial No. 53.276 el 17 de octubre de 2025, actualiza el marco regulatorio del sector eléctrico colombiano, adicionando la Sección 10 al Capítulo 8 del Título III, Parte 2, Libro 2, del Decreto 1073 de 2015. Este decreto busca establecer lineamientos claros para la contratación a largo plazo de proyectos de generación, almacenamiento, transmisión, distribución y otros servicios relacionados con el servicio público de energía eléctrica.
La relevancia del decreto radica en su contribución a una política pública que promueve la diversificación de la matriz energética, la incorporación de fuentes no convencionales y renovables de energía, y el fortalecimiento de la seguridad energética del país. Además, responde a compromisos internacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la necesidad de garantizar tarifas justas para los usuarios.
Medidas y disposiciones principales
El decreto establece que el Ministerio de Minas y Energía será responsable de definir, mediante reglamentación, los mecanismos de contratación a largo plazo para proyectos vinculados con la generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica. Dichos mecanismos serán complementarios a los existentes en el Mercado de Energía Mayorista.
Se permite la designación de entidades especializadas, tales como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para la implementación de mecanismos relacionados con generación, y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para proyectos de transmisión, distribución y almacenamiento.
Los mecanismos deberán cumplir con finalidades específicas, entre ellas:
- Fortalecer la resiliencia y diversificación de la matriz energética.
- Mitigar impactos de la variabilidad de recursos y del cambio climático.
- Garantizar la atención de la demanda futura.
- Promover la incorporación de nuevas tecnologías y servicios asociados.
- Fomentar el desarrollo sostenible y la seguridad energética.
- Cumplir con compromisos internacionales de reducción de emisiones.
- Incentivar mecanismos competitivos que consideren criterios socioeconómicos, ambientales y territoriales.
Asimismo, el decreto contempla condiciones mínimas para la definición de los mecanismos, tales como el tipo de esquema (competitivo o administrado), duración, obligaciones contractuales, remuneración transparente y participación de los agentes involucrados.
Ámbito de aplicación y actores involucrados
El decreto tiene un alcance nacional y aplica a entidades públicas y privadas, así como a los agentes del Mercado de Energía Mayorista interesados en participar en los proyectos objeto de esta regulación. Se enfatiza la necesidad de garantizar la libre competencia, para lo cual los mecanismos deberán cumplir con el trámite correspondiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuando sea necesario.
Implicaciones para la ciudadanía y el sector energético
La implementación de estos lineamientos permitirá una expansión ordenada y sostenible del sistema eléctrico colombiano, promoviendo nuevas inversiones que respondan a criterios técnicos, económicos y ambientales. Para la ciudadanía, estos avances se traducen en un potencial mejoramiento en la calidad, confiabilidad y sostenibilidad del servicio eléctrico, así como en la posibilidad de tarifas más justas y estables en el mediano y largo plazo.
Las entidades del sector deberán ajustar sus procesos y proyectos para alinearse con estos lineamientos, mientras que el Estado fortalecerá sus mecanismos de planeación, seguimiento y control, a través de la UPME y la CREG, para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Base legal y vigencia
El decreto se fundamenta en múltiples disposiciones legales, incluyendo la Constitución Política de Colombia, las leyes 142 de 1994, 143 de 1994, 1715 de 2014, 1955 de 2019, 2099 de 2021, y 2294 de 2023, además de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. También atiende a pronunciamientos judiciales y recomendaciones de autoridades regulatorias para asegurar la transparencia y competencia en el sector.
