Providencia y tribunal que profiere la decisión

La sentencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 16 de octubre de 2025, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra actos administrativos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Antecedentes fácticos y procesales

La sociedad demandante presentó en noviembre de 2012 su declaración privada del impuesto sobre las ventas (IVA) para el quinto bimestre de ese año, reportando ingresos y valores correspondientes al impuesto. Posteriormente, corrigió dicha declaración aumentando los ingresos gravados y el impuesto generado. En inspecciones y visitas realizadas por la DIAN, se encontraron indicios de ingresos no declarados, basados principalmente en documentos denominados "cotizaciones", movimientos contables y testimonios administrativos. La DIAN emitió una liquidación oficial de revisión en marzo de 2016 que modificó la declaración corregida, adicionando ingresos y aplicando una sanción por inexactitud. El recurso de reconsideración interpuesto fue resuelto en agosto de 2016, confirmando la liquidación oficial. Ante ello, la contribuyente interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, argumentando violaciones al debido proceso, insuficiencia probatoria y ausencia de motivación adecuada en los actos administrativos. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, declaró la nulidad parcial de los actos para reducir el porcentaje de la sanción impuesta, sin anular la liquidación oficial en su totalidad. La demandante apeló dicha decisión.

Consideraciones de la Sala y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado, en segunda instancia, analizó principalmente si la DIAN había logrado desvirtuar la presunción de veracidad reconocida a la declaración tributaria privada corregida por la contribuyente, conforme al artículo 746 del Estatuto Tributario (ET). Este artículo establece que las declaraciones se consideran ciertas salvo que se solicite comprobación especial o la ley exija otra cosa, y que la administración tiene la carga de la prueba para desvirtuar dicha presunción. El Consejo reiteró criterios jurisprudenciales que distinguen la carga probatoria respecto a la adición de ingresos gravados, señalando que la administración debe aportar pruebas idóneas, suficientes y pertinentes que evidencien la existencia efectiva de ingresos omitidos. Asimismo, destacó que los documentos denominados "cotizaciones", por su naturaleza unilateral y preparatoria, no constituyen medios probatorios idóneos para demostrar la materialización del hecho generador del impuesto, pues no evidencian la celebración concreta del contrato o la entrada efectiva de recursos al patrimonio del contribuyente. En el análisis del caso, la Sala encontró que la DIAN fundamentó su actuación principalmente en dichas cotizaciones y en el testimonio del director administrativo de la empresa, sin aportar pruebas adicionales que acreditaran la existencia real y efectiva de ingresos omitidos posteriores a la corrección voluntaria realizada por la contribuyente. Consecuentemente, la Sala concluyó que no se desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración corregida ni se acreditó la omisión de ingresos que justificara la liquidación oficial de revisión y la sanción por inexactitud impuesta. Por ello, anuló la liquidación oficial y la resolución que confirmó esta, y declaró en firme la declaración privada presentada por la sociedad para el período fiscal en cuestión. Además, conforme a la prosperidad del recurso de apelación, el Consejo de Estado condenó en costas a la entidad demandada, ordenando el trámite del incidente de liquidación correspondiente.

Implicaciones jurídicas

Esta sentencia refuerza la importancia de respetar la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias corregidas cuando la administración no aporta pruebas idóneas que evidencien la existencia de ingresos omitidos. Además, delimita claramente los medios probatorios aceptables para sustentar adiciones de ingresos en materia de IVA, poniendo especial énfasis en la idoneidad y suficiencia de la prueba. El fallo destaca la necesidad de que las autoridades fiscales fundamenten adecuadamente sus actuaciones y respeten el debido proceso, garantizando el derecho de defensa y evitando la aplicación arbitraria de sanciones tributarias basadas en presunciones no demostradas. En suma, la decisión representa un precedente relevante para la fiscalización tributaria y para la protección de los derechos de los contribuyentes en procesos administrativos y judiciales, estableciendo un estándar claro sobre la carga de la prueba y la valoración de medios probatorios en materia tributaria.