Contexto y antecedentes del proceso

La providencia objeto de análisis fue proferida por el Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso ejecutivo promovido contra la Nación – Rama Judicial. La parte demandante solicitó el cumplimiento de una sentencia judicial de reparación directa que ordenaba el pago de indemnizaciones por privación injusta de la libertad, incluyendo intereses moratorios. Ante el incumplimiento, la parte ejecutante solicitó medidas cautelares para embargar y retener dineros pertenecientes a la entidad demandada, específicamente los depositados en diversas cuentas bancarias en dos entidades financieras nacionales. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, decretó dichas medidas cautelares mediante auto fechado el 16 de enero de 2025. La Nación – Rama Judicial interpuso recursos de reposición y apelación contra el auto, argumentando, entre otros puntos, que los bienes embargados no fueron especificados conforme a la ley, que los recursos provinientes del Presupuesto General de la Nación son inembargables, y que la medida afectaría el normal funcionamiento del servicio público esencial de la administración de justicia.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado analizó inicialmente si la parte ejecutante cumplió con la identificación de los bienes objeto de embargo según lo previsto en el artículo 83 del Código General del Proceso (CGP). La Sala concluyó que la descripción de las cuentas bancarias y productos financieros fue suficiente para la procedencia de la medida cautelar. En cuanto a la inembargabilidad de los recursos públicos, la Sala recordó que el artículo 594 del CGP establece la regla general de inembargabilidad de los bienes y recursos incorporados en el Presupuesto General...