Competencia y contexto procesal

La Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), conoció y resolvió la manifestación de impedimento presentada por magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar. Dicho tribunal había manifestado su imposibilidad para decidir una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la Rama Judicial, específicamente contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por la negativa al reconocimiento pleno de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013.

Antecedentes del caso

La parte demandante promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objetivo de obtener el reconocimiento como factor salarial pleno de la bonificación judicial establecida en el decreto mencionado. En el transcurso del proceso, los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar solicitaron su impedimento para conocer el caso, argumentando haber formulado reclamaciones o demandas con pretensiones similares y alegando, además, un posible interés indirecto derivado de la relación laboral de un familiar cercano con la Rama Judicial.

Fundamentos legales sobre impedimentos y recusaciones

El Consejo de Estado recordó que el régimen de impedimentos y recusaciones busca preservar la integridad moral del funcionario judicial y garantizar la imparcialidad y transparencia en la administración de justicia. Según el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP), son causales de recusación cuando el juez, su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan interés directo o indirecto...