Providencia judicial y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, del Consejo de Estado, en primera instancia de apelación, decidió el recurso interpuesto por la entidad administradora de pensiones contra el auto del Tribunal Administrativo regional que negó la solicitud de medida cautelar. Esta providencia, adoptada en junio de 2025, corresponde al trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por dicha entidad contra un ciudadano beneficiario de pensiones. El proceso se originó con la demanda presentada para anular dos resoluciones administrativas mediante las cuales se reconoció una pensión de invalidez a un particular, y para reclamar el reembolso de las sumas pagadas por este concepto, indexadas. Posteriormente, la entidad demandante solicitó, en una reforma de la demanda, que se ordenara la compensación de dichas sumas con un retroactivo suspendido de la pensión de vejez que la misma entidad reconoció posteriormente al beneficiario.

Antecedentes fácticos y procedimentales

La entidad administradora alegó que el reconocimiento inicial de la pensión de invalidez se basó en una calificación médica fraudulenta, sustentada en dictámenes espurios que habrían sido obtenidos mediante irregularidades. En consecuencia, se inició un procedimiento administrativo que culminó con la revocatoria de las resoluciones que otorgaron la pensión de invalidez. Simultáneamente, se reconoció una pensión de vejez al mismo beneficiario, con suspensión del pago del retroactivo correspondiente. La entidad demandante solicitó mantener esta suspensión como medida cautelar conservativa, argumentando que el reconocimiento irregular de la pensión de invalidez generó un perjuicio económico al sistema de pensiones, y que la suspensión evitaría daños irreparables mientras se decide la nulidad de los actos iniciales. El Tribunal Administrativo, sin embargo, negó la medida cautelar solicitada, señalando que la petición de la entidad demandante para que se mantuviera la suspensión del pago del retroactivo consistía en ordenar el cumplimiento de un acto administrativo propio, que por su naturaleza ya tiene fuerza ejecutoria y debe ser cumplido por la administración sin necesidad de orden judicial. Además, consideró que la medida cautelar no cumplía con el principio de proporcionalidad.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en el análisis de la apelación, confirmó la competencia...

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Consejo de Estado confirma negación de medida cautelar en proceso sobre pensión de invalidez y vejez

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