Contexto y competencia del Consejo de Estado

El auto fue emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en el marco de un recurso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación – Fiscalía General de la Nación. Esta instancia actuó conforme a la competencia atribuida por la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, para resolver impedimentos presentados por magistrados de un tribunal administrativo cuando estos afectan al pleno tribunal.

Antecedentes del caso

El proceso se originó a partir de una demanda que buscaba la anulación de actos administrativos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial pleno, según lo previsto en el Decreto 382 de 2013. El caso fue inicialmente asignado al Tribunal Administrativo del Cesar, cuyos magistrados manifestaron de manera separada estar impedidos para conocer del asunto, basándose en que tenían un interés directo o indirecto debido a que ellos mismos o sus dependientes se encuentran involucrados en reclamaciones similares relativas a la bonificación judicial.

Motivos y fundamento de los impedimentos

Los magistrados argumentaron que, por su experiencia previa como jueces y por demandas similares que han presentado, se encontrarían en conflicto de intereses. Señalaron que la bonificación judicial afecta su régimen salarial y prestaciones sociales, y que el resultado del proceso podría incidir en su situación económica y jurídica. En algunos casos, indicaron que representantes bajo su dirección también han presentado procedimientos con iguales pretensiones.

Análisis y decisión de la Sala

El Consejo de Estado examinó el régimen normativo aplicable, en particular los artículos 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y 141 del Código General del Proceso (CGP), que establecen las causales para declarar impedimentos y recusaciones de magistrados y jueces. Estas normas exigen que el impedimento se fundamente en un interés directo o indirecto, actual y específico, que pueda afectar la imparcialidad. Tras analizar los argumentos, la Sala consideró que la mayoría de los magistrados presentaron razones genéricas e insuficientes para acreditar un interés concreto y vigente relacionado con el proceso. No se aportaron detalles precisos sobre los procesos paralelos, su estado o su identidad jurídica exacta. Por ello, se declararon infundados la mayoría de los impedimentos. Sin embargo, se encontró que el impedimento planteado por una magistrada era fundado. Esta magistrada está actualmente involucrada en un proceso judicial con pretensiones similares y en estado vigente, lo que podría comprometer su imparcialidad. En consecuencia, la Sala decidió separar a esta magistrada del conocimiento del asunto para preservar la transparencia y objetividad del proceso.

Consecuencias y trámite posterior

Como resultado de esta decisión, el Consejo de Estado ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar para que continúe con el trámite del proceso, excluyendo a la magistrada cuya recusación fue declarada procedente. Asimismo, se ordenó realizar las anotaciones correspondientes en la plataforma electrónica de gestión procesal. Esta providencia ejemplifica la importancia del régimen de impedimentos para garantizar la integridad y la imparcialidad en la administración de justicia, especialmente en casos que afectan derechos salariales y prestacionales de los servidores judiciales. La decisión se firmó electrónicamente en Bogotá el 19 de junio de 2025, garantizando su autenticidad y conservación conforme a la normativa vigente.