Providencia y contexto procesal

El Consejo de Estado, en segunda instancia, resolvió un recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, que declaró la nulidad de las liquidaciones oficiales de contribución especial y adicional correspondientes al año 2020, y ordenó el restablecimiento del derecho a favor de la empresa demandante.

Antecedentes fácticos y procesales

En agosto de 2020, la SSPD expidió liquidaciones oficiales mediante las cuales determinó una contribución especial y una contribución adicional para la empresa prestadora de servicios públicos por los valores de aproximadamente $958 millones y $4.384 millones, respectivamente. Contra estas liquidaciones, la empresa interpuso recursos de reposición y apelación, que fueron negados por la Superintendencia. Posteriormente, la empresa presentó demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegando que las contribuciones cobradas se sustentaban en normas (artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019) declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Además, argumentó la violación de principios constitucionales como la supremacía constitucional y la irretroactividad tributaria, así como la ilegalidad de los actos administrativos y la ausencia de competencia de la SSPD para exigir dichos pagos.

Consideraciones jurídicas de la sentencia

El Tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones de la empresa demandante, declarando la nulidad de las liquidaciones y resoluciones que negaron los recursos administrativos, debido a que se basaron en normas declaradas inexequibles y en un acto administrativo de carácter general (artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020) que también fue anulado por el Consejo de Estado. La sentencia sostuvo que la anulación de actos de carácter general produce efectos inmediatos sobre situaciones jurídicas no consolidadas, como era el caso, pues los recursos administrativos aún estaban en trámite. El fallo destacó la vulneración del principio de irretroactividad tributaria, dado que la base gravable aplicada para liquidar las contribuciones se fundamentó en disposiciones posteriores y contrarias a la Constitución, lo que generó una falsa motivación en los actos administrativos demandados. En apelación, la Superintendencia sostuvo que las contribuciones del año 2020 constituían situaciones jurídicas consolidadas, por lo que el cobro era...

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Consejo de Estado confirma nulidad de contribuciones especiales y adicionales cobradas en 2020 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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