Contexto y antecedentes del caso

La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el trámite de un recurso de apelación contra un auto emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección D. El proceso tiene su origen en una demanda interpuesta contra la Procuraduría General de la Nación, entidad que impuso a un funcionario público una sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general por diez años, mediante una providencia fechada en enero de 2021 y otros actos administrativos relacionados. El demandante solicitó la nulidad de dichos actos y el restablecimiento de derechos, incluyendo el reconocimiento de perjuicios morales y medidas restaurativas. En paralelo, se presentó una solicitud de suspensión provisional de los actos sancionatorios, argumento que se basó en dos puntos principales: (i) la prescripción de la acción disciplinaria, por haberse proferido la sanción fuera del término legal de cinco años establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002; y (ii) la vulneración de garantías constitucionales y del debido proceso, específicamente la negación de la doble conformidad, la falta de legitimidad de la entidad que interpuso el recurso que modificó un fallo absolutorio previo, y la imposición de la sanción sin competencia material ni temporal. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar, decisión que fue apelada para su revisión por el Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El Consejo de Estado revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 para decretar medidas cautelares, que exigen: (i) una posible violación al ordenamiento jurídico evidenciada en un estudio preliminar del acto administrativo y las normas superiores invocadas; (ii) la presentación de pruebas sumarias que acrediten la titularidad del derecho y la existencia de perjuicios; y (iii) que el perjuicio de no conceder la medida sea mayor que el perjuicio de concederla. Respecto a la prescripción, la Sala recordó que el término de cinco años para la acción disciplinaria se interrumpe con la expedición y notificación del fallo de primera instancia, no con la resolución de recursos posteriores. En el...

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Consejo de Estado confirma negativa a suspensión provisional en proceso disciplinario contra funcionario público

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