Contexto y competencia del tribunal

La providencia fue dictada por la Subsección Segunda - Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para resolver manifestaciones de impedimento presentadas por jueces o magistrados. La competencia está establecida en los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que facultan a esta Subsección para resolver sobre recusaciones e impedimentos que afectan a tribunales administrativos regionales.

Antecedentes fácticos y procesales

Una ciudadana interpuso un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, específicamente contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, buscando la anulación de actos administrativos que negaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial pleno, conforme al Decreto 383 de 2013. En el desarrollo del proceso, los magistrados de un tribunal administrativo regional solicitaron su impedimento para conocer el caso, alegando una posible conexidad indirecta con reclamaciones similares relacionadas con otras primas o bonificaciones que ellos mismos han planteado en diferentes procesos.

Consideraciones jurídicas sobre el impedimento

El régimen de impedimentos, previsto en los artículos 130 del CPACA y 141 del Código General del Proceso (CGP), tiene como finalidad garantizar la imparcialidad y transparencia en la administración de justicia, evitando que jueces o magistrados decidan casos en los que tengan un interés directo o indirecto. En particular, el numeral 1 del artículo 141 del CGP establece como causal de recusación que el juez o magistrado, o sus familiares cercanos, tengan interés en el proceso. En este caso, el Consejo de Estado evaluó si la...