Competencia y contexto procesal

La Subsección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoció y resolvió el auto que declara infundado el impedimento manifestado por magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda. El caso se tramita en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentado contra la Rama Judicial, específicamente contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el objeto de impugnar la negativa al reconocimiento como factor salarial de la bonificación judicial establecida en el Decreto 383 de 2013. El impedimento fue planteado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, quienes consideraron que existía una posible conexión indirecta entre la controversia sobre la bonificación judicial y reclamaciones previas relacionadas con la prima especial y su impacto en la materia prestacional, asuntos en los cuales habían estado involucrados.

Antecedentes fácticos y procesales

La demandante inició el proceso buscando la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento pleno de la bonificación judicial como factor salarial. Posteriormente, los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda manifestaron su impedimento para conocer el caso, alegando una posible afectación a su imparcialidad por la naturaleza conexa del litigio con reclamaciones en las que habían participado sobre otros emolumentos judiciales. En cumplimiento de la ley, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para que la Subsección Segunda decidiera sobre la procedencia del impedimento conforme a lo establecido en los artículos 125 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Análisis jurídico y fundamentos de la decisión

El régimen de impedimentos y recusaciones tiene como finalidad garantizar la imparcialidad, transparencia e integridad moral de los funcionarios judiciales. La ley establece causales claras para declarar impedimento, especialmente en situaciones donde exista interés directo o indirecto de los jueces o sus familiares en el proceso, conforme al numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP). Al analizar el caso concreto, la Subsección consideró que los argumentos presentados por los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda resultaban genéricos y no evidenciaban una situación particular, cierta y actual que pudiera afectar su imparcialidad. La conexión alegada entre la...

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Consejo de Estado declara infundado impedimento de magistrados en proceso sobre bonificación judicial

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